Por Doctor Ramón Ceballo

La República Dominicana ha arrastrado durante décadas una deuda social histórica, producto del abandono sistemático de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

La clase política, en gran medida, ha priorizado agendas económicas o clientelares, dejando a millones de dominicanos fuera del alcance de derechos fundamentales como salud, educación, alimentación, vivienda y empleo digno.

En este contexto, la llegada al poder del presidente Luis Abinader en agosto de 2020 significó un nuevo enfoque en la gestión pública, orientado a reducir la brecha de desigualdad y cumplir, aunque sea parcialmente, con los más olvidados por el sistema. 

Su gobierno ha impulsado una serie de planes y programas sociales que buscan atender esa deuda histórica, con énfasis en la inclusión social, la ampliación de derechos y la inversión en el capital humano.

Estos programas no sólo representan transferencias monetarias o acciones asistencialistas, sino que muestran un modelo de intervención social integral, que busca cerrar brechas estructurales y dignificar la vida de millones de dominicanos.

 

Entre las medidas más significativas adoptadas por la actual administración, destacan:

  • Incremento de la tarjeta Doble: de 800 mil beneficiarios en 2020 se pasó a 1 millón 500 mil personas, con un valor mensual de RD$1,500, permitiendo a muchas familias garantizar alimentos básicos.
  • Programa Nacional de Titulación: se han entregado más de 2,000 títulos de propiedad, brindando seguridad jurídica a familias que por décadas vivieron en la informalidad.
  • Expansión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, (UASD) con tres Ciudades Universitaria y Centros en las principales provincias, llevando educación de calidad a zonas antes marginadas.
  • Ampliación de comedores económicos: se pasó de 10 comedores en 2020 a 137 en 2024, con una cobertura diaria de miles de raciones alimenticias a bajo costo o gratuitas.
  • INFOTEP: se ha fortalecido con nuevos centros, de 7 centros existentes en 2020, se ha pasado a 51 centros, en la mayoría de ciudades del país, ofreciendo formación técnico-profesional a jóvenes y adultos.
  • ITLA (Instituto Tecnológico de Las Américas): de 2 instalaciones en 2020 se ha pasado a 10, formando a jóvenes en tecnología e innovación.

·          Transporte estudiantil (TRAE): más de 1.8 millón de estudiantes han sido beneficiados con transporte gratuito, lo que impacta directamente en la retención escolar.

·         Programa Supérate y Viviendas Solidarias: 55,000 soluciones habitacionales alcanzadas, con las que se han beneficiado a más de 275,000 personas, proporcionando estabilidad a familias que han accedido a viviendas dignas.

·         Afiliación masiva al SENASA: más de 2 millones 400 mil dominicanos han sido integrados al sistema de salud pública, muchos de ellos por primera vez en su vida.

·          Programa 14-24: diseñado para jóvenes en riesgo social, ya ha beneficiado a 19,200 jóvenes, insertándolos en la formación laboral y social.

·         Pensiones solidarias: más de 80 mil envejecientes han sido beneficiados con pensiones solidarias, mejorando significativamente su calidad de vida y su dignidad en la vejez.

  • (INABIE) El Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) en la República Dominicana beneficia a más de 1.8 millones de estudiantes, profesores y personal administrativo en más de 5,000 centros educativos, incluyendo aquellos con Jornada Escolar Extendida.
  • Bonos sociales y estacionales:
    • Bono escolar: ha alcanzado a 1 millón de estudiantes con útiles escolares.
    • Bono navideño: beneficia a 3 millones de personas con RD$1,500.
    • Bono de emergencia y bono madre: más de 1 millón de hogaresbeneficiados.
  • 100 mil personas mayores Pensiones solidarias: fueron aumentada  de RD$2,000 a RD$10,000 mensuales.

Si bien persisten desafíos importantes en materia de pobreza, empleo informal y acceso equitativo a servicios básicos, lo cierto es que la gestión del presidente Luis Abinader ha asumido un rol activo en enfrentar la deuda social acumulada por generaciones.