Danilo Cruz Pichardo
En un ejercicio de adulonería sin precedentes (propia de la cultura trujillista que arrastramos 60 años después de la desaparición de ese delincuente) muchos funcionarios públicos y otros tantos que se la buscan se han pasado la semana resaltando las “cualidades” del ingeniero Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia.
Entre las cosas que leí están –nadie me puede contar–: “trayectoria acrisolada”, “miembro de una familia honorable”, “transparente”, “empresario exitoso”, “proveniente de una familia cristiana”, “educado en las mejores universidades”, “emprendedor”, “sacrificado” y “de familia noble y respetable”. Es posible que falte la transcripción de adjetivos.
Como si se tratara de una orquesta bien afinada, por haber ensayado previamente, la mayoría de los ministros y demás funcionarios gubernamentales dirigieron lisonjas al ingeniero contratista a través del tweeter. No sé si fue un mandato o no del jefe de Estado. De todas maneras, el teatro fue pobre, pues una sola persona no puede recibir tantos reconocimientos en un período de tiempo tan breve.
Además, nadie está diciendo que el señor Macarrulla es bueno o es malo, pues no se trata de nada personal. Sencillamente su empresa constructora fue la que levantó la nueva cárcel La Victoria, obra a la que se le atribuye una sobrevaluación superior a los tres mil millones de pesos. Es cierto que es un hijo de Lisandro el que firmó, pero ¿a quién pertenece la compañía?
(Este es un país en el que los miembros de la clase alta siempre son honorables. Hasta a la madre de Jean Alain Rodríguez se le ocurrió decir que su hijo es de una familia muy seria. ¿Y a quién diablos salió ese muchacho entonces?)
Y con esa lluvia de elogios –en los que participaron hasta Margarita Cedeño y Félix Bautista– más que bien se le hace daño al número dos del “Gobierno del cambio”, pues es una forma de entorpecer la labor del Ministerio Público independiente. La actitud más correcta la asumió la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética Gubernamental, quien solicitó a la Procuraduría General de la República realizar la investigación correspondiente.
En lugar de estar dirigiendo una orquesta de funcionarios constituidos en bocinas, el proceder más idóneo del señor Macarrulla, por delicadezas, sería la toma de una licencia, tal y como hicieron en su momento Kimberly Taveras y Leonardo Faña, involucrados en hechos mucho menos gravosos, pues ninguno de los dos casos envuelve recursos estatales.
Hasta el momento hay que reconocer la transparencia con que se maneja la administración pública. Y otra particularidad del presidente de la República, Luis Abinader, es que ha demostrado que escucha, que tiene un oído en el sentir de la población.
Una muestra de que el jefe de Estado escucha está en desistir del proyecto de privatización de empresas públicas, el cual estuvo en la agenda del ministro de la Presidencia y anunció a los medios de comunicación social. Ese es un proyecto que hizo recordar la “capitalización de empresas públicas” implementada en el primer Gobierno de Leonel Fernández, período 1996-2000, donde se vendieron a precio de “vaca muerta” todas las empresas de CORDE, los ingenios azucareros y una enorme porción de las tierras del CEA.
Hoy no están las empresas ni los ingenios ni las tierras, pero tampoco está el dinero de la venta.
Se especula que en el caso de Macarrulla se ha pretendido callar voces y las tradicionales bocinas del peledeísmo, que todavía cobran como cónsules (junto a los hijos y mujeres) y reciben millones por concepto de publicidad gubernamental, guardan un silencio cómplice. Simultáneamente hay persecución contra personas que abordan la temática en las redes sociales, a los cuales les han tirado abogados a amenazarlos con sometimiento por difamación e injuria, lo que resulta sumamente grave.
Es grave por tratarse de un atentado al derecho a expresión, el cual, entre todos los derechos universales, es principal y sagrado. Colocar mordaza comunicacional en esta época es suficiente motivo para que el Colegio Dominicano de Periodistas y los organismos de derechos humanos levanten su voz de protesta. No se puede tolerar esa conducta.
Nadie puede impedir que los funcionarios del Gobierno se dediquen al rol bajo y servil de la adulonería propia de la cultura trujillista, lo que contrasta con la actitud del presidente de la República, que pide no le llamen excelencia, licenciado ni usen su foto en las oficinas públicas, que coloquen preferiblemente imágenes de sus respectivas familias. Esos funcionarios y los que se la buscan pueden seguir elevando a Macarrulla a nivel de prócer y de padre de la patria.
Sin embargo, contra el señor Macarrulla, no se ha cometido los delitos de difamación e injuria. Procede identificar a los abogados que violentan el derecho a expresión de comunicadores y de ciudadanos para ser sometidos a la justicia. (Ver Art. 49 de la Constitución de la República y sus numerales).
