Por Héctor Javier Delgado
MenaCatedrático universitario y analista de negocios internacionales, especializado en geopolítica y procesos democráticos contemporáneos
Reducir el financiamiento público de los partidos políticos puede parecer, a primera vista, un
acto de responsabilidad fiscal. En tiempos de estrechez económica, todo gasto es susceptible
de revisión. Sin embargo, cuando ese ajuste recae sobre uno de los pilares del sistema
democrático, la discusión deja de ser contable y pasa a ser estructural.
La pregunta no es cuánto se ahorra el Estado, sino qué se debilita con ese ahorro.
La democracia contemporánea no funciona en el vacío. Como bien ha demostrado la teoría
política comparada, la competencia electoral requiere condiciones mínimas de equidad para
evitar que el poder económico sustituya al respaldo ciudadano. Allí donde el dinero define la
política, la representación se distorsiona.
El financiamiento público de los partidos en la República Dominicana no es una concesión
graciosa ni un exceso institucional. Es, en esencia, un mecanismo de corrección.
Surge como respuesta histórica a un problema clásico: la asimetría de poder entre actores
políticos. Durante décadas, la política dominicana operó bajo una lógica donde el acceso a
recursos privados condicionaba el acceso real al poder.
La intervención del Estado en ese ámbito no buscó sustituir la competencia, sino equilibrarla.
Las críticas al modelo actual son legítimas. Existen partidos débiles, opacidad en el uso de
fondos y una desconexión creciente entre organizaciones políticas y ciudadanía. Sin embargo,
el problema central no es el financiamiento en sí, sino su diseño y fiscalización.
Reducirlo sin reformarlo no corrige el defecto; simplemente desplaza el centro de gravedad
del sistema.
En política, los vacíos no existen. Si el Estado retrocede, alguien ocupa ese espacio.
La reducción significativa del financiamiento público no elimina la necesidad de recursos; la
traslada hacia fuentes privadas, con mayores riesgos de influencia indebida.
Desde el punto de vista presupuestario, el impacto de esta medida es marginal. Su valor es
más simbólico que económico. Pero el costo institucional puede ser sustancial.
El Congreso enfrenta una decisión que trasciende el momento político. Modificar el
financiamiento es redefinir las reglas del acceso al poder.
Las democracias no suelen quebrarse de forma abrupta. Se deterioran progresivamente.
Debilitar financieramente a los partidos sin reformas profundas no abarata la democracia.La expone.
Y una democracia expuesta es, en el largo plazo, más frágil, más vulnerable y más costosa.
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