Por Narciso Isa Conde
Ramón Guzmán Peralta fue designado recientemente por Abinader director general de la Policía Nacional. Nació en 1962 y tiene 37 años en ese cuerpo, a la que ingresó como conscripto en 1986 y luego estuvo en academias de oficiales y cursos en Washington, donde enseñan pocas cosas buenas.
Entre sus funciones más destacadas y más comprometedoras sobresalen los departamentos de Investigaciones Criminales, Falsificaciones y Hurto al Patrimonio Público. También el de Búsqueda de Prófugos, Puertos y Aeropuertos-Interpol. Delitos Monetarios (Robo), Investigaciones de Pasaportes.
Son funciones delicadas en una vieja policía y en áreas asociadas a delitos muy rentables, protegidos de una larga impunidad. Pocos son los oficiales premiados con esas funciones que previamente no se hayan embarrado y menos son los que lleguen a la jefatura sin grandes manchas. Ciertamente aparecen también personas que corrigen su trayectoria, rectifican y se reivindican.
El ambiente es muy contaminante y eso determina que la realidad sea muy adversa para oficiales con buenos atributos, por lo que generalmente los doblegan o los revientan.
El problema es estructural, sistémico, institucional; y no es solo policial, sino que tiene raíces y tradiciones profundas, se basa en un modelo capitalista consumista, policialmente súper represivo, alimentado por una subcultura capitalista delincuente, que se ha multiplicado y potenciado con el despliegue de la estrategia neoliberal y los entrenamientos en EE. UU,, que marcan tendencias.
Si se habla de “nuevos métodos”, “ética” en las estructuraciones y “transparencia”, es injustificable que previamente a su designación no fuera sometido a una exhaustiva investigación de su trayectoria en cada una de sus funciones, y a una auditoría de sus bienes personales, familiares y empresariales o ingresos extras, si los tiene.
Todo eso se desconoce y no es justo que a esta sociedad se le oculte la hoja de servicios de 37 años del recientemente designado jefe policial. No hay historia, ni detalles. Eso no es culpa de él, sino del presidente Abinader
En buena ley y en mejor ética estatal su bajo perfil obligaba a esos procedimientos con carácter público. La perversa acusación que le hizo Danilo en el 2020 en medio de su inescrupulosa pugna con Abinader y las desagradables consecuencias para ese oficial y su familia, no debería obviar procedimientos que fundamenten la justeza de ese nombramiento.
