Tony Salomón
Parte de nuestras autoridades, tanto electas como designadas mediante decreto presidencial, son responsables directos de las decisiones que afectan el rumbo de la educación.
Y la pregunta que surge es inevitable: ¿será porque quienes toman las decisiones no tendrán que regresar a las escuelas para enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones?
Si repasamos la historia, encontramos que en la ciudad alemana de Mainz, hacia 1445, Johannes Gutenberg presentó una innovación que cambiaría para siempre el destino de la humanidad: la imprenta de tipos móviles.
A partir de entonces, el conocimiento comenzó a multiplicarse y a llegar a sectores cada vez más amplios de la sociedad. La lectura dejó de ser un privilegio reservado a unos pocos y se convirtió progresivamente en una poderosa herramienta de transformación social.
No todos recibieron aquella innovación con entusiasmo. Hubo quienes se opusieron a su expansión porque entendían que una población con acceso a los libros y al conocimiento sería más difícil de controlar. El conocimiento libera; la ignorancia somete.
Inglaterra comprendió el enorme valor de aquella transformación y supo capitalizarla. Su posterior desarrollo no fue obra del azar. La Revolución Industrial encontró uno de sus principales sustentos en la educación, en la generación de conocimiento y en la capacidad de formar ciudadanos preparados para transformar su realidad.
La historia nos demuestra una verdad que sigue teniendo plena vigencia: ningún pueblo puede aspirar al desarrollo si desprecia la educación y el conocimiento.
Todo pueblo que se resiste al desarrollo corre el riesgo de quedar sometido a la voluntad de pequeñas élites políticas y económicas que terminan concentrando el poder y las oportunidades.
Por eso, mi gran inquietud es:
¿Por qué hay sociedades y gobiernos que parecen tener más disposición para invertir en cárceles que en centros educativos incluyentes?
¿Por qué no entendemos que educar resulta mucho más rentable que castigar?
Una política pública que garantice educación de calidad, formación técnica, oportunidades laborales y espacios de desarrollo para nuestros jóvenes podría evitar, en buena medida, que muchos terminen incorporándose a la delincuencia.
Además, nos ahorraríamos enormes inversiones en infraestructura penitenciaria, personal de custodia, alimentación, salud y mantenimiento de una población carcelaria que, en muchos casos, pudo haber sido rescatada mediante la educación y la oportunidad.
Con la educación ganamos todos.
Ganan los padres, que tendrán mayores posibilidades de ver a sus hijos convertidos en ciudadanos productivos.
Ganan las comunidades, porque disminuyen los factores que alimentan la violencia y la delincuencia.
Ganan las potenciales víctimas, porque una juventud con oportunidades tiene menos razones para buscar en la delincuencia el camino que la sociedad no le ofreció.
Y, sobre todo, gana la juventud, que no debe ser condenada a pagar una pena por haber nacido en un entorno donde las oportunidades fueron escasas.
La cárcel debe ser la consecuencia de quien viola la ley; la educación debe ser la primera herramienta del Estado para evitar que nuestros jóvenes lleguen hasta allí.
Invertir en educación no es un gasto: es la inversión más inteligente que puede hacer una sociedad para garantizar su futuro.
Porque cuando un Estado construye más escuelas, necesita construir menos cárceles.
La verdadera seguridad comienza mucho antes de la prisión: comienza en el aula.
Recuerdo su imagen recurrente en la primera plana de los periódicos, siempre a la cabeza de aquella peligrosa actividad. Se situaba en la primera fila, dando la cara junto a la extinta dirigente de Fragua, Emma Tavárez Justo, y los principales directivos de su grupo, el Frente Universitario Socialista Democrático (FUSD). Allí también convergen el Bloque Revolucionario Universitario Camilista (BRUC), el Comité Universitario Julio Antonio Mella (CUJAM), la Juventud Comunista y el recién creado Frente Estudiantil Flavio Suero (FEFLAS).
En ese mismo año fue electo secretario general de la FED y, en 1970, su gestión al frente del movimiento estudiantil pasó la prueba de una apretada reelección en unos comicios sumamente reñidos. En ese escenario, una masa de estudiantes que votaba por primera vez en la universidad le dio su respaldo. Estos jóvenes se integraron activamente al FUSD, enarbolando la bandera blanca, empuñando el jacho prendido y haciendo causa común con los perredeístas de la UASD, entre quienes destacaban Pedrito Sánchez, Miguel Antonio De Camps, Fulgencio Espinal, Lorenzo Flores, Carlitos Lalane Martínez, Julio César Martínez, Rubén y Juan Temístocles Montás. Durante el proceso, el doble rayado en las boletas generó confusión en muchos electores debido a la alianza entre los grupos rivales Fragua y FEFLAS, quienes habían conformado la denominada «Unidad de Acero, Fragua-Flavio Suero».
En 1973, al culminar sus estudios, De Camps se vio precisado a regresar de Europa para incorporarse al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Este organismo, compuesto por 17 miembros, había quedado escindido tras la salida de su presidente, el profesor Juan Bosch, y de una parte de sus dirigentes, incluidos los de la UASD. Junto al doctor José Francisco Peña Gómez, Hatuey asumió la tarea de rescatar la organización y evitar una estampida a nivel nacional causada por el impacto del discurso de Bosch, quien afirmaba que el PRD ya había cumplido su misión histórica. Esta ruptura dividió también al FUSD, cuya casi totalidad de dirigentes respaldó al entonces líder máximo.
En esta gesta recibió la mano solidaria de destacados profesores como Yvelisse Prats-Ramírez de Pérez, Leopoldo Espaillat Nanita, Rafael Eugenio Sánchez Consuegra, Facundo Acosta, Héctor López Zorrilla, Samuel Lewis, Elpidio Ramírez, Luis Lizardo Lasocé, Ligia Leroux, Sérvulo Natera, Gumersindo Rosario y su primo Nolberto Luis Soto. También se sumaron sus entrañables compañeros de lucha Fulgencio Bolívar Espinal y Carlos Lalane Martínez, y su propia familia, encabezada por sus hermanos Ivelisse y Víctor (estudiantes de Arquitectura) y Ana De Camps (de Humanidades).
Fue ahí que surgió el nombre de Fidias Omar Díaz Santiago —hermano de la mártir estudiantil y dirigente del FUSD, Sagrario Ercira Díaz Santiago— para postularlo a la secretaría general de la FED en la boleta de un nuevo grupo bautizado como Frente Estudiantil Sagrario Ercira Díaz (FESED). Para el Consejo Universitario se eligió como candidato al bachiller Iván Grullón Fernández, quien cuatro décadas más tarde se convertiría en rector de la UASD. Su suplente fue Rafael Ulises Castillo Guerrero, secretario de organización del FESED, quien asumió la titularidad tras la victoria debido a que Grullón marchó a Europa a realizar un posgrado.
Hatuey De Camps, junto a la licenciada Yvelisse Prats-Ramírez, el arquitecto Espaillat Nanita y quien escribe, en representación del FUSD, visitaron al doctor Cury en su residencia del Malecón, cerca del Auditorio Eugenio María de Hostos. Aunque le ofrecieron el respaldo de su candidatura, Cury rehusó el ofrecimiento y recomendó en su lugar apoyar al doctor Guarocuya Batista del Villar, quien ya sumaba las simpatías de profesores de izquierda y del Frente Estudiantil Flavio Suero. Más adelante se supo que el doctor Cury no deseaba volver a los rigores de la política universitaria debido al excelente momento económico que vivía con su bufete de abogados.
Durante la actividad, el dirigente valoró de manera especial la labor realizada por Gloria Reyes, Dío Astacio, Miguel Campos, Rudys Fernández, Rosselly Peña, Genaro Herrera, Levin Guerrero, Genaro Herrera y otros altos dirigentes del PRM que respaldan la iniciativa #HablemosPRM, destacando que han logrado conectar de forma efectiva las demandas de las bases con la gestión pública.
