Danilo Cruz Pichardo
Los actos de corrupción que se registran en el presente llevan a pensar que Danilo Medina, a través del Ministerio Público, fue cogido de “mampara”, cuando miembros de su entorno político, militar y familiar los involucraron en expedientes judiciales con nombres de animales marinos que todavía se ventilan en los tribunales. Los casos cuentan con argumentos probatorios sólidos, pero están muy lejos de ser los únicos hechos de peculado ocurridos en el Estado dominicano en los últimos tiempos.
Se trata de acontecimientos noticiosos de carácter selectivos, como también es evidente la intención de ocasionar daño. Aparte de esos eventos, se pueden contar con los dedos de una mano sanciones contra otras maniobras ilícitas practicadas desde las instituciones públicas. Podrían poner de ejemplo el escándalo de SENASA (el cual el presidente ocultó y encubrió hasta el último momento) y el castigo contra el principal responsable de un robo inicial de 15 mil millones de pesos, pero obviando que cuando Santiago Hazim fue apresado ya estaba en franca desgracia con el poder.
Al momento de escribir estas líneas se denuncia corrupción pública a mayor nivel en no menos de 13 instituciones. Y dos de los responsables fueron promovidos a puestos de mayor jerarquía en los famosos cambios que hizo recientemente el Poder Ejecutivo. ¿Dónde está la Cámara de Cuentas? Lo que se sabe es por denuncia de otras instituciones.
Se estima que en el 90% de los órganos estatales se registran irregularidades de diferentes tipos. Una de las más comunes –sin dejar de ser de las menores-- es la pluriactividad o multiempleo ilegal en varias oficinas estatales simultáneamente, lo que viola el Art. 144 de la Constitución y el Art. 80, numeral 5, de la Ley 41-08.
Hace tiempo que el Ministerio de Administración Pública debió corregir, con un simple cruce de nóminas, que una misma persona esté cobrando en dos y tres oficinas públicas. Y digo cobrando porque en el mismo horario no puede lógicamente colaborar en una ni en otras.
El asunto toma ribetes de mayor gravedad cuando oficiales policiales y militares aparecen en nóminas públicas. Pero también aparecen empresarios percibiendo sueldos en varios lugares del Estado e inclusive funcionarios de elección popular, pese a que tanto la carta magna como la Ley Orgánica de Administración Pública establecen que solo la labor docente es compatible con el alto cargo que ostentan.
Sin embargo, esperar corrección es un sueño, pues estamos ante un Gobierno que desde la cúspide pone el mal ejemplo. Desde agosto de 2020 Abinader empezó a designar empresarios en cargos públicos en las mismas áreas en que se desenvuelven en el sector privado, generando conflictos de intereses que prohíben los Art. 135 y 138 de la ley sustantiva, así como las leyes 340-06 y 120-01. Pero algo más –cuente usted, amigo lector, los casos--: hay varios de esos empresarios que ocupan múltiples funciones públicas a su vez.
La razón principal del déficit fiscal está en las irregularidades que se observan en el gasto corriente. Tenemos un agujero fiscal que representa el 16.1% del Presupuesto Nacional y el 3.2 del Producto Interno Bruto, lo que podría corregirse con medidas de austeridad, pero el gobierno opta por la toma de empréstitos regulares, dando una apariencia de bienestar inmediato, pero comprometiendo seriamente el futuro económico de los dominicanos.
Uno de los males que hacen mayores daños en la administración pública y hasta en instituciones estatales descentralizadas es el nepotismo, que prohíbe el numeral 15, del Art. 80, de la Ley 41-08. Las instituciones del Estado están copadas por miembros de las mismas familias, llegando en ocasiones a tres generaciones, cuando se colocan hijos y nietos.
Aunque los funcionarios públicos hacen intercambios, de todas maneras, las anomalías de los conyugues y personas con lazos de consanguinidad resultan ser identificadas a través de la Ley 200-04. De las amantes se encarga el rumor público.
Cabe observar, naturalmente, que los grandes actos de corrupción se dan en las compras de las instituciones públicas, en cuyos departamentos, los funcionarios, no suelen colocar a personas de su misma organización política, sino a importados de extrema confianza, que se comunican personalmente fuera de oficina y mediante códigos especiales cuando se hallan en la institución.
Terminan formando parte de entramados mafiosos que envuelven a suplidores y otras tantas empresas públicas y privadas.
Se demostró, empero, que cuando hay voluntad de investigar y castigar irregularidades el Ministerio Público siempre logra desenredar la madeja y establecer, con pruebas, a los culpables de actos criminales contra el Estado dominicano, como en efecto se hizo con Senasa y demás casos con nombres de animales marinos, algunos de los cuales se siguen investigando porque los números todavía no cuadran.
Falta investigar la corrupción grande, que es la del presente, lo que no sería posible por el momento, porque la corrupción de los gobiernos se conoce cuando salen del poder y si hay la voluntad de quien le sustituye.
Para investigar y castigar irregularidades estatales hay tres instituciones que son fundamentales. Aquí están: 1) Contraloría General de la República, encargada de fiscalizar los fondos y auditar los pagos de nómina. 2) Cámara de Cuentas, órgano constitucional de control externo que audita la correcta ejecución de los presupuestos institucionales. Y 3) Ministerio Público, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública, en representación de la sociedad, para perseguir y sancionar los delitos contra el patrimonio público.
La pregunta que surge de inmediato es la siguiente: ¿Están esas tres instituciones en condiciones de independencia mínima para cumplir con sus respectivas atribuciones para iniciar procesos de adecentamiento en las instituciones estatales tanto centralizadas como descentralizadas? ¡Por Dios! Seguiré con el tema en la siguiente entrega.
