Caretas de la Patria
Se busca por intermedio de este lodazal social, difundir y educar a los inquilinos de quienes habitamos este secuestrado mundo, la realidad de una aldea denominada REPÚBLICA DOMINICANA,por medio de fotos, vídeos,siluetas, así como otros medios visuales de expresión, ya que nuestro idioma esta enajenado.Existe la libertad de morirse operado por los fraudes, a todo nivel...el mismo Estado, es una UTOPÍA.
Himno a la Patria
jueves, 19 de noviembre de 2026
La música urbana y su distorsionado mensaje
martes, 17 de noviembre de 2026
¿Qué debemos saber sobre el Presupuesto Participativo?
Por: Junior Solano
Trabajo, Cercanía, Compromiso.
El Presupuesto Participativo no es simplemente una reunión para pedir obras. Es un proceso establecido por ley, mediante el cual las comunidades participan en la identificación y priorización de las obras que consideran más necesarias para sus sectores.
En estos días, con la culminación de las asambleas comunitarias, es oportuno recordar qué es realmente este mecanismo, para qué sirve y por qué la participación ciudadana no debe limitarse a un solo día.
*Un derecho establecido por ley*
El Presupuesto Participativo está contemplado en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. Dicha ley establece que los ayuntamientos deben destinar una parte de sus recursos de inversión para que las comunidades decidan, de manera organizada, cuáles obras son prioritarias.
No se trata de una concesión de las autoridades, sino de un derecho de la ciudadanía y de un deber de los gobiernos locales.
*Más que pedir, conocer*
Uno de los aspectos más importantes, y a la vez menos conocidos, es que la Ley 176-07 también establece que debe existir previamente una cantidad de dinero de inversión sobre la cual se planificarán esas obras.
Es decir, antes de decidir qué obra se hará, la comunidad tiene derecho a conocer cuánto dinero está disponible, cómo se determinó ese monto y qué tipo de obras pueden ser financiadas con esos recursos.
Sin esa información, la participación queda incompleta. No basta con levantar la mano para pedir una acera, un conten, una cancha o un parque. Es necesario saber si los recursos alcanzan, cuáles son los costos reales y cuáles son los criterios técnicos para ejecutar la obra.
*Decidir con responsabilidad*
El Presupuesto Participativo invita a las comunidades a decidir con responsabilidad. No todas las necesidades pueden resolverse al mismo tiempo, y por eso la priorización es clave.
En las asambleas, los vecinos no solo exponen sus problemas, sino que dialogan, escuchan otras realidades del mismo sector y eligen en conjunto la obra que consideran más urgente y de mayor impacto colectivo.
Ese ejercicio fortalece la democracia local, promueve el sentido de pertenencia y evita que las decisiones se tomen a puertas cerradas.
*Dar seguimiento: la parte que no se puede olvidar*
Participar no termina cuando culmina la asamblea. El seguimiento es una parte fundamental del proceso.
La comunidad tiene el derecho y la responsabilidad de vigilar que la obra priorizada sea incluida en el presupuesto, que se ejecute en el tiempo establecido y que se haga con la calidad requerida.
El seguimiento también implica mantenerse informado, asistir a las reuniones de los comités de seguimiento, preguntar y exigir rendición de cuentas.
Una obra prometida que no se ejecuta, o que se ejecuta mal, es también un reflejo de una participación que se quedó a mitad de camino.
Un compromiso con la cercanía*
Como Regidor, mi compromiso es acompañar este proceso con trabajo, cercanía y compromiso. Acompañar a las comunidades en las asambleas, representar sus prioridades en el Concejo, aprobar un presupuesto que responda a la realidad de los barrios y fiscalizar que lo acordado se cumpla.
El Presupuesto Participativo solo tiene sentido cuando la comunidad conoce, decide y da seguimiento. Participar no es solamente pedir. Participar es ser parte de la solución.
sábado, 14 de noviembre de 2026
Tribunal Constitucional acerca los derechos fundamentales a la niñez a través del teatro
SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional (TC) presentó la obra infantil “El libro de los derechos fundamentales”, una propuesta que combina teatro y música para enseñar a niños y niñas sobre la igualdad, la educación, la no discriminación y su derecho a ser escuchados.
La primera función se realizó este viernes en la sede del TC, con la participación de los hijos de los servidores de la institución y sus familias. Asimismo, forma parte de la jornada institucional “Crecer con derechos, crecer en equidad”, organizada por la Unidad de Igualdad de Género del TC, que coordina la magistrada Eunisis Vásquez Acosta, junto con la Dirección de Gestión Humana.
A través de sus personajes y situaciones, la obra busca acercar los derechos fundamentales a experiencias que la niñez pueda reconocer y comprender. La puesta en escena invita a valorar las diferencias, convivir con respeto y cuestionar los estereotipos que limitan el desarrollo de niños y niñas.
La producción de la obra está a cargo de Studio Wendy Queliz, bajo la dirección de Wendy Quéliz, autora de la obra, con musicalización de la Tía Nancy y escenografía de Guillermo Abreu. Además, los niños pudieron disfrutar de actividades recreativas y un espacio de integración familiar en el marco de dicha presentación.
Con esta iniciativa, el TC da continuidad a sus propuestas de educación constitucional para la infancia, entre las que figuran el recital «Cuéntame el cuento de la Constitución», los talleres sobre derechos y deberes fundamentales y la publicación de “La Constitución dominicana infantil”.
La magistrada Eunisis Acosta destacó la relevancia de conocer y vivir la Constitución, valorando que “estas acciones buscan que niños y niñas conozcan, desde sus primeros años, los derechos que los protegen y la presencia de la Constitución en su vida cotidiana”
viernes, 13 de noviembre de 2026
ASAMBLEAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: EL BARRIO ELIGE, EL REGIDOR REPRESENTA Y FISCALIZA.
Junior Solano.
Trabajo, Cercanía, Compromiso.
Santo Domingo, D.N. - En estos momentos, el Ayuntamiento del Distrito Nacional está llevando a cabo las asambleas comunitarias del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2026, en las Circunscripciones 1, 2 y 3, para discutir con los barrios, sectores y comunidades las obras que serán presupuestadas dentro del Presupuesto Participativo.
El proceso está bajo la coordinación de la Dirección de Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento del Distrito Nacional, dirigida por Raymond Rodríguez, quien ha explicado en los medios que el objetivo es _“incentivar más la participación del ciudadano”_ y que las comunidades identifiquen sus principales necesidades para establecer prioridades de inversión.
En cada asamblea, el equipo técnico de la Alcaldía presenta lo que en el territorio se conoce como el “cóctel de obras”: un menú de necesidades del sector, como drenaje, aceras y contenes, remozamiento de parques y espacios públicos, luminarias, entre otras. Y es la propia comunidad, dentro del monto asignado a cada barrio o sector, quien elige cuál es la más prioritaria para ellos.
Este mecanismo está sustentado en la Ley 170-07 que instituye el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal y en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. No es un favor. Es un derecho de la comunidad.
CALENDARIO OFICIAL DE LAS ASAMBLEAS - NOVIEMBRE 2026
CIRCUNSCRIPCIÓN 1 - 5:30 p.m.
-2 de noviembre: Cacique y Brisas del Mar, Parque Brisas del Mar / 8 1/2 San Miguel, Iglesia Evangélica Asambleas de Dios Camino a Emaús 2da. / Km 7 San José, Iglesia San Ignacio de los Yola / El Semillero de Bella Vista, Cancha Deportiva
- 3 de noviembre: Luz Consuelo Sur, Club de Honduras / Roca del Mar, Parque Roca del Mar / El Pedregal Residencial, Club Cancha El Pedregal / Rosmil, Parque Rosmil / Los Praditos, Club Ramón del Lorvel
- 4 de noviembre: La Castellana, Club Los Prados / Ensanche Piantini, Local de la SGI R.D. / Evaristo Morales, Parque Buen Pastor / Julieta Morales, Parque Urbanización Fernández
*CIRCUNSCRIPCIÓN 2 - 6:00 p.m.*
- 5 de noviembre: Los Girasoles 2do., Funeraria Municipal / Villa María y La Isabela, Club Deportivo y Cultural 21 de Enero
- 6 de noviembre: El Caliche y Calle Higüey, Salón Funeraria Cristo Rey / Ensanche La Fe, Club La Fe / La Agustinita, Club La Agustina
- 10 de noviembre: C/ No. 8 frente a la Cancha de Los Peralejos, Km 13, Cancha de los Peralejos / Los Ríos, sub-sector La Yuca, Callejón Lulo, Callejón Melva y Callejón María, Club de La Yuca / Los Girasoles 3ro., Sector Fundación, Los Callejones Santa Rosa y Ana María, Centro Comunal Dionisio Amparo / Sector Madre Vieja Manzano, Escuela Primaria El Manzano
CIRCUNSCRIPCIÓN 3 - 5:30 p.m.
- 11 de noviembre: Villa Francisca, Sociedad Los 5 Amigos / Mejoramiento Social (El Caliche), Colegio Madre Asunción / Villa María, Colegio San Gabriel / 27 de Febrero, Capilla Nuestra Señora de la Altagracia
- 12 de noviembre: Guachupita, Fundación ECOG / Los Guandules (Callejón Resp. Gregorio L.), Club Bomberito / Ens. Luperón, Escuela La Excelencia / Ensanche Espaillat, Club Varias Luces
- 13 de noviembre: Gualey Sector 4, Agrocudegua / Barrio La Ciénaga (Sector El Arrozal), Preescolar del Arrozal / Villa Juana, Biblioteca Fund. Club Mauricio Báez / Villa Consuelo, Club Rafael Barias
- 16 de noviembre: 24 de Abril, Escuela Luis Inchaustegui / Las Cañitas, CODECA / Simón Bolívar, Politécnico Nuestra Sra. del Carmen / Capotillo (El Caliche), Iglesia Templo Bíblico de Capotillo del Caliche / Cda. de las Tres Cruces, Iglesia Las Tres Cruces
¿EN QUÉ CALIDAD PARTICIPAN O DEBERÍAN PARTICIPAR LOS REGIDORES EN ESAS ASAMBLEAS?
Aquí es donde hay que ser claros, porque hay mucha confusión.
El regidor no va a la asamblea como ejecutor de obras, no va como dueño del presupuesto, no va a imponer la obra que a él le conviene, y no va a hacer clientelismo con la necesidad del barrio.
El regidor va en su calidad de representante, garante y fiscalizador, según la Ley 176-07:
1. Como representante del barrio: Es la voz de la comunidad en el Concejo. Su deber es escuchar lo que la asamblea decidió y defenderlo después, sin cambiarlo.
2. Como acompañante y orientador: Debe estar presente, explicar el proceso, ayudar a que la junta de vecinos entienda el “cóctel de obras”, el monto asignado y las reglas del juego. No solo aparecer para la foto.
3. Como garante de la transparencia: Vigilar que la votación sea libre, que no haya imposición, que se respete el orden de prioridad que eligió la comunidad y que quede en acta.
4. Como fiscalizador en el Concejo: Después de la asamblea, le toca aprobar en el Concejo el plan de inversión que salió de esas asambleas, y luego vigilar que la obra que el barrio eligió sea la obra que realmente se haga, con el monto asignado y en el tiempo establecido.
5. Como rendidor de cuentas: Volver al barrio a decirle: esto fue lo que ustedes pidieron, esto fue lo que se aprobó, esto fue lo que se hizo y esto fue lo que costó.
En resumen: la Alcaldía convoca y ejecuta, el barrio decide, y el regidor representa, garantiza y fiscaliza.
Por eso mi compromiso es claro: estar en las asambleas, defender lo que el barrio decidió, y fiscalizar hasta que la obra se vea construida.
miércoles, 11 de noviembre de 2026
Una mirada al 2028.
Testigo del tiempo
J.C. Malone
Una Ley que prohíba la publicidad del gobierno.
martes, 10 de noviembre de 2026
Presupuesto Municipal: qué es, cómo se aprueba y cómo se reparte de acuerdo con la Ley 75-25*..
Junior Solano.
Trabajo, Cercanía, Compromiso.
El Presupuesto Municipal no es un simple documento contable: es la herramienta que define qué servicios se van a pagar, qué obras se van a construir y cómo se va a rendir cuentas al pueblo.
Está consagrado en la *Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, Artículos 317 al 345*, que obligan a cada ayuntamiento a elaborar y aprobar anualmente un presupuesto general, en función del Plan Operativo Anual y el Plan de Desarrollo Cuatrianual.
¿Qué cambió con la Ley 75-25?*
La *Ley No. 75-25, promulgada el 5 de agosto de 2025 y publicada en G.O. No. 11211 del 15 de agosto de 2025, modifica el Artículo 21 de la Ley 176-07* y establece de forma obligatoria cómo se deben distribuir los ingresos que reciben los ayuntamientos por transferencias del Gobierno Central e ingresos propios.
La distribución vigente es la siguiente:
a) *Hasta 30% para Gastos de Personal:* Nómina fija y contratada, remuneraciones de alcalde, vicealcaldesa y regidores.
b) *Hasta 40% para Gastos Corrientes / Servicios Municipales:* Recogida de desechos sólidos, alumbrado, combustible, mantenimiento de flota y funcionamiento ordinario del cabildo.
c) *Un 5% para Programas Educativos, de Género y Salud:* Becas, operativos médicos, programas de prevención y niñez.
d) *Al menos 25% para Gastos de Capital e Inversión:* Acera, contenes, parques, canchas, obras de infraestructura y desarrollo económico local.
En síntesis: *75% para funcionar y al menos 25% para construir.* Los porcentajes de los literales a) y b) no se pueden sobrepasar, salvo casos de emergencia y desastres, y *no se puede transferir dinero de inversión a gasto corriente.*
La propia Ley 75-25 mantiene un régimen sancionador
fuerte: la violación del Artículo 21 se sanciona con *penas de 2 a 5 años de prisión, indemnización de 5 a 20 salarios mínimos e inhabilitación para el servicio público*, y el tesorero y el contralor municipal también responden si no denuncian.
*¿Cuándo debe aprobarse? El calendario que exige la ley*
La Ley 176-07 establece un calendario claro que ningún ayuntamiento puede incumplir:
- *Art. 317:* El presupuesto se elabora anualmente según el Plan Operativo Anual y el Plan de Desarrollo Cuatrianual.
- *Art. 323 Párrafo I:* La formulación inicia a más tardar el *1 de agosto*.
- *Art. 323 Párrafo IV:* La Alcaldía debe presentar el proyecto al Concejo de Regidores a más tardar el *1 de octubre*.
- *Art. 323 Párrafo V:* El Concejo tiene *60 días* para conocerlo y aprobarlo.
- *Art. 324:* Se debe garantizar la participación ciudadana mediante reglamento.
- *Art. 325:* Remisión formal con informe del Contralor Municipal antes del *15 de noviembre*.
- *Art. 326:* Exposición pública por *15 días* para que los munícipes presenten observaciones.
- *Art. 327:* Aprobación definitiva antes del *31 de diciembre*.
- *Art. 328 y 329:* Remisión a Cámara de Cuentas y Contraloría y entrada en vigor el *1 de enero*.
Si el presupuesto no se aprueba, se prorroga automáticamente el anterior. *El alcalde no puede aprobarlo solo.*
Sin Presupuesto no hay plan, sin plan no hay desarrollo. Un buen regidor está en el deber de hacer conocer este ciclo y de esta manera constribuir a que los munícipes se empoderen y estén en condiciones para exigir transparencia y rendición de cuentas a la alcaldía (alcalde, sus funcionarios y personal técnico).
sábado, 7 de noviembre de 2026
Soberanía en Jaque: La Falsa Fachada del Éxito Ilícito .
Por: Yoarem Monegro
La Ley 30 de las 48 leyes del poder de Robert Greene, fuertemente inspirada en la filosofía política de Nicolás Maquiavelo, establece: "Haga que sus logros parezcan no costar esfuerzo". Esta estrategia se basa en la premisa de que las acciones deben parecer naturales, fluidas y ejecutadas con absoluta facilidad. Al ocultar el arduo trabajo, la rigurosa planeación y los artificios detrás del éxito, se construye un aura de genialidad, poder e invulnerabilidad.
En la geopolítica contemporánea, las ciberamenazas y el crimen transnacional, los actores ilícitos aplican esta estrategia de manera sistemática y casi inconsciente. Han normalizado sus operaciones hasta transformarlas en una narrativa que vende el delito no como una transgresión, sino como un arte y un lujo. Las publicaciones en sus redes sociales generan contenidos de alto crecimiento que corren en paralelo con la expansión de sus actividades delictivas. Las grandes plataformas digitales y la internacionalización a un solo clic —impulsadas por el desarrollo tecnológico— se han convertido en sus principales vectores de propaganda.
Hemos normalizado el éxito edificado sobre lo ilícito a tal extremo que estos actores son presentados públicamente como ejemplos de superación. Es imperativo advertir que la apertura democrática, la libertad de comunicación y el derecho al libre pensamiento han sido instrumentalizados y transformados en el impulso definitivo para este detrimento social. Hoy en día, los medios otorgan con alarmante facilidad una entrevista para difundir dinámicas de narcoterrorismo, microtráfico, cibercrimen e incluso explotación sexual, en lugar de promover de manera sana a profesionales exitosos o emprendedores que han surgido bajo el marco del debido cumplimiento, salvo contadas excepciones.
La problemática no radica únicamente en quienes cometen el delito, sino en la cuota de responsabilidad de aquellos que se dedican a promover estas acciones como un estilo de vida aspiracional. Existe una línea muy estrecha en la conceptualización del éxito: no es lo mismo ser exitoso dentro del ordenamiento jurídico que serlo mediante la comisión de delitos y crímenes. La internacionalización de la criminalidad a través de mecanismos mediáticos es una estrategia de marketing diseñada para potencializar el negocio; razón por la cual este contra-modelo cultural ha calado profundamente en la juventud.
Los tiempos avanzan y la globalización ha traído consigo un avance del cual el cibercrimen es hijo directo. Sin embargo, la promoción activa de quienes lideran estas operaciones ilícitas no cesa, bajo la premisa de que «quien entra no sale». La reinserción y la recuperación en estos entornos no operan como una enfermedad con medicina fija; en este submundo, el silencio y la pasividad también constituyen métodos operativos. Quienes utilizan las plataformas comunicacionales para validar estas actividades en la región del Caribe cuentan con un respaldo mediático abierto, pero ignoran que el margen de consecuencias legales y estructurales sigue activo.
Esta región enfrenta otra vulnerabilidad crítica: su porosidad para alojar a ciudadanos de todo el mundo, facilitando flujos migratorios mixtos y complejos sin mayores filtros. Esto propicia la creación de paraísos fiscales de facto dentro del territorio y múltiples metodologías para lavar —y no precisamente ropa—. Los esquemas abarcan desde alianzas menores para borrar huellas dactilares y financieras, hasta redes de "grandes ligas" que instrumentalizan a personas en posición de retiro o pensión por avanzada edad. El crimen organizado transnacional no reconoce límites ni fronteras.
Frente a esta realidad, el marco jurídico penal dominicano es tajante. El Artículo 265 del Código Penal Dominicano tipifica de manera estricta la asociación de malhechores, penalizando a toda asociación formada, cualquiera que sea su duración o el número de sus miembros, con el objeto de preparar o cometer crímenes contra las personas o las propiedades. Esta tipificación se entrelaza de forma directa con la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la cual persigue penalmente las maniobras destinadas a ocultar, disimular e integrar bienes de origen ilícito en la economía formal, desmantelando el soporte financiero que sostiene a estas estructuras criminales.
A nivel internacional, los informes estratégicos de la Administración del Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) advierten con rigor sobre este fenómeno: las organizaciones criminales transnacionales han dejado de operar exclusivamente en la clandestinidad táctica para mutar hacia redes híbridas que explotan las vulnerabilidades logísticas, corporativas y mediáticas de los Estados insulares, utilizando los flujos comerciales legítimos como un escudo perfecto para sus operaciones de tráfico e inteligencia financiera.
[caption id="attachment_131710" align="alignnone" width="1098"]
Por su parte, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) desempeña un rol operativo crucial a nivel global al coordinar los mecanismos de localización y captura con fines de extradición de aquellos prófugos que cometen delitos transnacionales. Bajo los principios del derecho penal internacional, se promueve que los criminales rindan cuentas y paguen por sus delitos en la jurisdicción de mayor impacto o donde causaron el principal daño social, Independientemente de que intenten evadir la justicia residiendo o resguardándose en paraísos fiscales.[/caption]Asimismo, el desempeño de INTERPOL y las alertas rojas de cooperación internacional dejan claro que el estatus de libertad no es un cheque en blanco: aquellos extraditados que ya cumplieron una condena previa, pero que reinciden y se reincorporan a las estructuras delictivas, pierden de inmediato el goce de su libertad fáctica y son plenamente sujetos a nuevos procesos de persecución, captura y enjuiciamiento global.
Bajo este análisis de seguridad nacional, se evidencia una preocupante pérdida de control territorial en la región Este de la República Dominicana, donde bandas de origen haitiano operan respondiendo a intereses de actores locales, blindando sus actividades mediante salvoconductos amparados en fachadas empresariales. No se trata de extorsión convencional ni de un simple peaje; ambas partes ejecutan de forma perversa el método de negociación de "ganar-ganar" de Harvard, pues de lo contrario, la realidad fáctica sería otra.
La arrabalización y la paulatina haitianización del Este no es un fenómeno fortuito. Es el resultado histórico de la inserción descontrolada de mano de obra y de la contratación hotelera a bajo costo, a sabiendas de la condición de irregularidad migratoria o del uso de documentación falsa de estos trabajadores; omitiendo que, independientemente de su ubicación geográfica, estos flujos mantienen intactas sus raíces e identidades político-culturales. Ser cómplice es grave, pero incurrir en acciones que configuren una traición a la patria —a la luz de los principios de nuestra Constitución Nacional— nos obliga a una profunda reflexión.
Existen múltiples formas de traicionar a la patria. Se traiciona cuando se orquestan campañas de destrucción moral contra ciudadanos que actúan correctamente por el solo hecho de no alinearse a intereses fácticos. Se silencia a la patria cuando se respaldan actos ilícitos y se condena al olvido a quienes disienten. De igual manera, se colabora con la erosión de la soberanía dominicana cuando se utiliza la bandera nacional como prenda interior en videos musicales o se instrumentalizan los medios de comunicación para promocionar una falsa identidad dominicana desprovista de valores.
Hemos sido testigos de cómo ciudadanos extranjeros ingresan al territorio nacional a denigrar la identidad y los valores patrios en tono de burla y, a pesar de ello, mantienen su estatus de residencia. Cabe preguntarse: ¿en qué momento el Estado ejercerá su facultad soberana para declarar a estos individuos como personas no gratas?
Hoy más que nunca se requiere una reingeniería del pensamiento colectivo y estratégico para modificar el rumbo de la República Dominicana, no solo en la esfera económica, sino en el ámbito social, humano, de seguridad y de comunicación. Si los planes de contingencia previos fracasaron, es mandatorio cambiar la estrategia en todos los niveles.
Enfrentamos una presión demográfica sin precedentes de la población vecina. El desafío ya desbordó la línea fronteriza; es un problema de tasa poblacional, de choque cultural, de identidad y de seguridad nacional. El debate urgente debe centrarse en cómo ejecutar las repatriaciones soberanas y cómo depurar de manera integral las instituciones del país. Esto es lo que debemos resolver con urgencia si aspiramos a un mañana que no replique los escenarios de crisis migratoria y mutación identitaria que hoy afectan a Europa o a los Estados Unidos.
El reciente panorama político en los Estados Unidos es el resultado directo de haber permitido que una inmensa masa de población extranjera se legalizara y ejerciera derechos políticos ciudadanos. La identidad estadounidense actual es una mutación cultural que recibe fuertes influencias musulmanas, africanas, árabes y judías, sumada al peso demográfico de los latinos que han arropado la federación.
En la región del Caribe, la República Dominicana opera peligrosamente como el "Estados Unidos" de la zona: un territorio donde las leyes están escritas pero su aplicación es selectiva, donde las relaciones de influencia pesan más que los títulos académicos, y donde las economías delictivas se fortalecen al aliarse con quienes controlan los sectores marginados para consolidar un dominio combinado. El escenario se torna aún más complejo cuando los deportados regresan de inmediato a sus raíces criminales en el país. El entramado con el crimen internacional establecido en suelo dominicano es robusto, y su peligrosidad se potencia cuando las plataformas públicas continúan promoviendo la criminalidad como un estilo de vida exitoso.
@yoaremmonegro
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La autora es Licenciada en Relaciones Internacionales posee Exequatur, maestría en Defensa y Seguridad Nacional, Maestría en Diplomacia, Postgrado en Geopolitica, especialista en Narcotráfico y Terrorismo internacional. Es docente, Asesora de Tesis para contenido.
lunes, 2 de noviembre de 2026
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: DONDE EL PUEBLO DECIDE EN QUÉ SE INVIERTE
Por Junior Solano
Trabajo, Cercanía, Compromiso.
El Presupuesto Participativo no es una obra de caridad del alcalde de turno. No es un favor. Es un derecho constitucional del pueblo y una obligación legal del ayuntamiento.
Muchos munícipes aún no lo saben. Por eso es necesario explicarlo con su base legal en la mano.
La *Constitución de la República Dominicana, en su Artículo 206*, es categórica. Ordena que la inversión de los recursos municipales se haga con mecanismos de democracia directa y que se establezca por ley el uso eficiente y transparente de esos recursos. No es una sugerencia. Es un mandato constitucional.
Esa ley que manda la Constitución es la *Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios*. Y esta ley no deja espacio a interpretación.
El *Artículo 236 instituye el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal (PPM)*. Y lo define con una claridad meridiana:
“Establecer los mecanismos de participación ciudadana en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto del municipio, especialmente en lo concerniente al 40% de la transferencia que reciben los municipios del Presupuesto Nacional, que deben destinar a los gastos de capital y de inversión".
Vamos a presentarlo de la siguiente manera: de cada 100 pesos que el Gobierno Central transfiere al ayuntamiento, 40 pesos por ley deben ser invertidos en obras y no pueden ser decididos en una oficina. Deben ser decididos por el barrio.
¿Cuáles son sus objetivos? El *Artículo 237* los enumera:
1. Contribuir a la elaboración del Plan de Inversión Municipal.
2. Fortalecer los procesos de autogestión local y asegurar la participación de las organizaciones y el ciudadano.
3. Garantizar la participación de todos los actores: ayuntamiento, organizaciones comunitarias, sector privado, etc.
4. Identificar las demandas prioritarias de la comunidad.
5. Permitir el seguimiento, control social y evaluación de la ejecución.
No es solo decidir. Es decidir, vigilar y evaluar.
¿Y cómo se organiza? El *Artículo 239* establece tres etapas obligatorias que todo ayuntamiento debe cumplir:
*Primera Etapa: Preparación, Diagnóstico y Visión Estratégica.* El ayuntamiento debe informar cuánto dinero hay, en qué se puede invertir y levantar las necesidades reales del territorio.
Segunda Etapa: Consulta a la Población.* Aquí está el corazón. Se realizan asambleas comunitarias por bloques, por barrios, por secciones. De ahí salen delegados y luego se celebra el *Cabildo Abierto*, donde la comunidad prioriza formalmente sus obras. Lo que no pasa por la asamblea, no tiene validez.
*Tercera Etapa: Transparencia y Seguimiento.* El *Artículo 245 y siguientes* obligan a crear Comités de Seguimiento y Control Municipal y Comités de Seguimiento de Obra. Son los propios vecinos, electos en asamblea, quienes fiscalizan que la obra prometida se haga, con la calidad prometida y con el dinero prometido.
Y aquí es donde entra el rol del regidor. La ley es clara: el regidor no ejecuta. Quien ejecuta es el alcalde. Pero el *Artículo 52 y el espíritu del Artículo 239* le otorgan al Concejo de Regidores la facultad de reglamentar, aprobar y fiscalizar el PPM. El regidor serio no es el que lleva una funda de cemento. Es el que promueve que el barrio sea escuchado, propone que su necesidad sea incluida en el Plan de Inversión y da seguimiento hasta que la obra se cumpla. Es el puente entre el barrio y el presupuesto.
Cuando un ayuntamiento no hace Presupuesto Participativo, no solo está siendo poco transparente. Está violando la Constitución y la Ley 176-07. Está negándole al pueblo el derecho a decidir en qué se invierte su propio dinero.
Por eso nuestro mensaje es simple y firme: Más participación, más transparencia, más bienestar.
Exijamos asambleas. Participemos en los cabildos abiertos. Convirtámonos en auditores de nuestra propia inversión.
Porque gobernar con el pueblo, y con el dinero del pueblo decidido por el pueblo, siempre será más efectivo.
La Fórmula BUKELE y la Red A3C: Blindar el Estómago del Continente Artículo 29 .
Por Yoarem Monegro
“—Dime, ¿qué comeremos? —Mierda.”
— Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba.
Salgamos de la ficción literaria para ingresar en la cruda e implacable realidad: cualquier parecido con lo aquí escrito puede ser pura coincidencia, pero la geopolítica jamás perdona a los Estados ingenuos.
La desgarradora sentencia con la que García Márquez concluyó su obra cumbre ha dejado de ser un recurso estilístico; es la proyección de seguridad nacional para las Américas si el Alto Mando insiste en ignorar la convergencia entre el crimen transnacional y el colapso logístico global. En un planeta fracturado por frentes abiertos en Europa del Este, el Estrecho de Taiwán y el Golfo de Adén, la soberanía nacional real no se mide solo en pies de fuerza, sino en la continuidad ininterrumpida de la cadena de suministros. Quien controle los puertos comerciales, las terminales de carga y las rutas agrícolas del continente, controlará la supervivencia misma de las naciones.
El Tablero de Control: La Fórmula Bukele en el Caribe.
La seguridad hemisférica tiene un nuevo estándar de ejecución. El accionar de Nayib Bukele en El Salvador demostró que el monopolio estatal de la fuerza se recupera mediante tres factores no negociables: voluntad política, inteligencia estratégica y despliegue táctico. Su reputación internacional es consecuencia directa de haber desarticulado las estructuras delictivas desde la raíz, devolviendo el territorio a la legalidad mediante el control territorial absoluto.
Sin embargo, el éxito puramente doméstico es vulnerable ante amenazas asimétricas transfronterizas. Limpiar la casa por dentro no impide que las marejadas del entorno derriben sus muros. La Doctrina Bukele debe evolucionar: transicionar de la pacificación urbana a un modelo de defensa hemisférica combinada. Si los Estados de la región no replican esa misma firmeza para blindar sus nodos logísticos e industriales, el esfuerzo interno será absorbido por el caos exterior.
La Gangrena Regional: El Vector Puerto Príncipe.
El síntoma más crítico de la ausencia de este control se localiza a pocos kilómetros. La crisis en Haití ha mutado en un agujero negro geopolítico. Informes de inteligencia estratégica revelan que las facciones de la coalición Viv Ansanm han trascendido el secuestro urbano: hoy financian sus operaciones mediante la piratería de cabotaje en el Golfo de la Gonâve y la extorsión sistemática a buques comerciales que abastecen el Caribe insular.
Esta somalización del Caribe genera una presión desproporcionada sobre la República Dominicana, obligando a desviar recursos críticos hacia la contención fronteriza en lugar de destinarlos a la tecnificación logística. Cuando las rutas marítimas adyacentes al Canal de la Mona incrementan sus costos debido a las primas de riesgo de guerra (War Risk Surcharges), el precio final de cada contenedor de insumos básicos se dispara de inmediato en la mesa del consumidor regional.
Los Puertos del Narcotráfico: El Asalto a la Cadena de Valor.
El peligro definitivo de los carteles contemporáneos no radica en la ideología, sino en su sofisticación corporativa. Estructuras criminales maduras operan bajo estándares de Logística de Quinta Generación (5GL), ejecutando el secuestro silencioso de las aduanas y los Sistemas Operativos de Terminales (TOS).
Infiltración Simbiótica: Contaminan los contenedores refrigerados (Reefers) de exportación agrícola. Al comprometer la carga legítima, provocan severas sanciones internacionales contra los agroexportadores latinoamericanos, destruyendo la economía formal desde adentro.
El Secuestro de los Insumos: América Latina importa más del 75% de los fertilizantes nitrogenados (urea, potasio, fosfato monoamónico) y precursores químicos que consume. Si los puertos de descarga operan bajo la sombra del narcotráfico, el costo de la canasta básica pasa a ser dictado por las cúpulas criminales. La inflación alimentaria inducida es la nueva modalidad de guerra asimétrica de quinta generación para desestabilizar gobiernos legítimos sin disparar un solo proyectil.
La Ventana Crítica: Horas contra Días.
La interconexión global expone la extrema fragilidad de los sistemas de distribución occidentales. Los modelos de simulación de crisis logística militar arrojan cifras categóricas: ante un bloqueo coordinado de las Líneas de Comunicación Marítima (SLOC), Europa occidental cuenta con apenas 72 horas de autonomía alimentaria urbana antes del colapso del modelo Just-in-Time. Estados Unidos mantiene una reserva estratégica de 90 días en sus silos de granos.
El Caribe Insular y Centroamérica, en cambio, operan con un margen cercano a cero. La neutralización de dos puertos clave por parte del narcoterrorismo paralizaría el abastecimiento regional en menos de una semana, desencadenando crisis sociales de alcance impredecible.
La Cumbre de Santo Domingo: El Plan Maestro de la Red A3C.
Frente a esta amenaza inminente, la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles (Red A3C), celebrada en la República Dominicana, adquiere una categoría estratégica de máxima prioridad para el Alto Mando. No se trata de un encuentro diplomático convencional; es la formulación de un plan de contingencia militar hemisférico bajo los marcos del Código PBIP (ISPS) de la Organización Marítima Internacional.
La Doctrina A3C, al clasificar formalmente a las redes transnacionales como organizaciones narcoterroristas, habilita el uso de capacidades militares de alta precisión y operaciones combinadas en tiempo real para recuperar el control de los corredores logísticos marítimos y terrestres. La cumbre en Santo Domingo consolida esta urgencia a través de tres pilares operativos:
Inteligencia Algorítmica: Auditoría preventiva de manifiestos de carga mediante analítica de datos avanzada previa al zarpe.
Interdicción Marítima: Operativos combinados de abordaje en aguas internacionales sin tramas burocráticas.
Infraestructura Crítica: Protección ciber-militar de terminales portuarias, aduanas y centros de acopio agrícola bajo estatus de Seguridad Nacional.
La estabilidad democrática y la soberanía alimentaria de las Américas dependen de la ejecución impecable de estas medidas. Si la Fórmula Bukele de control territorial absoluto no se integra con la capacidad de fuego e inteligencia de la Red A3C para proteger el estómago del continente, las naciones descubrirán que, cuando la realidad aplasta a la ficción, la trágica respuesta al Coronel dejará de ser una metáfora para convertirse en nuestro destino irreversible.
Finalmente :
¿Está dispuesto el liderazgo político regional a transicionar del aplauso retórico hacia la homologación real de la doctrina de control territorial para blindar las fronteras marítimas comunes?
¿Están las Fuerzas Armadas del continente preparadas para asumir la protección ciber-militar de las aduanas y terminales portuarias frente al secuestro corporativo del crimen organizado?
¿Cuánto tiempo resistirán las democracias del Caribe antes de que el control criminal de las rutas de suministro transforme la inflación alimentaria en un arma de desestabilización social masiva?
@yoaremmonegro
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La autora es Licenciada en Relaciones Internacionales posee Exequatur, maestría en Defensa y Seguridad Nacional, Maestría en Diplomacia, Postgrado en Geopolitica, especialista en Narcotráfico y Terrorismo internacional. Es docente, Asesora de Tesis para contenido.










