La jueza del Primer Tribunal de la Instrucción de San Francisco de Macorís dictó un no ha lugar de apertura a juicio en las acusaciones que presentó en contra del periodista Olivo De León el departamento Duarte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Al dictaminar su decisión, la magistrada afirmó que en los documentos presentados por el ministerio público de Medio Ambiente había insuficiencia de pruebas, y las que presentaron como tales no lo eran, pecaban de imprecisiones, eran confusas y contradictorias.
La magistrada sostuvo que la audiencia de Instrucción tiene como objetivo analizar los documentos de pruebas presentados por el ministerio público y verificar si procede para ordenar la apertura a juicio de fondo.
"Sin embargo, podemos comprobar que las acusaciones no están claras. Nos habla de la construcción a 30 metros del río, sobre el rio y a distancia de la carretera. Hay gran confusión con eso. Presenta fotos que no están depositadas como documentos de pruebas y que no se sabe lo que pretenden probar", expresó.
Y continuó diciendo: "no tienen testigos, pero hablan de uno que apresaron que hablará, pero ya saben lo que dirá antes de que hable?; no se especifica el lugar del solar; hay muchas contradicciones; además la defensa de DeLeón presentó, entre sus documentos de defensa, un contrato de alquiler del solar, lo que evidencia que no es responsable de lo ocurrido en ese lugar a partir de ahí".
La magistrada adoptó la decisión después de escuchar, con atención, la defensa de los abogados del periodista, y la del propio De León, quien asumió con tal dominio el escenario, y toda la legislación que se refiere a la personalidad de la pena, que la magistrada le dijo: " es usted abogado?. Usted no necesita abogado, se defiende muy bien".
A estas preguntas el presidente del IPPP respondió: no, magistrada, no soy abogado, sólo que sé leer".
Olivo dijo que resulta sospechoso que la procuraduría de Medio Ambiente lo someta a la justicia, por ser propietario de un solar, como si el hecho de poseer algo implicase un delito, ¿o es que acaso el derecho a propiedad consagrado en la Constitución como un derecho fundamental, es un delito?; y que no haya sometido a quienes construyeron en ese espacio, de quienes dijo tampoco han violado ninguna ley.
Recordó que el sometimiento fue hecho como represalia porque los delegados de Medio Ambiente exigieron el pago de RD$ 175, 000.00 para dejar trabajar tranquilos a quienes habilitaban el espacio para instalar un dealer.
De León dijo al tribunal que de acogerse la apertura a juicio en su contra, se estarían volando los artículos 6, 7, 8, 38, 40.8, 40.14, 74.2, 74.3 y 74.4 de la Constitución que establecen la personalidad de la pena.
También se violaría el artículo 3.4 de la Ley 55-14 que establece el Código Penal Dominicano; así como el artículo 5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, leyó la definición de biodiversidad y preguntó: " se me acusa de afectar la biodiversidad, dónde está el estudio de impacto ambiental que demuestran esas violaciones?.
La procuraduría de Medio Ambiente en esta provincia acusó al presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), de rellenar el río Guiza y construir una edificación sobre el relleno; de construir a menos de 30 metros del rio; de ocupar parte de la autopista que une San Francisco-Nagua; de afectar la biodiversidad; de violar decenas de artículos de la Constitución y de diversas leyes de la República.
Olivo De León resaltó la labor de su cuerpo se defensa integrado por los abogados José Aquiles Monegro, Ramona Rosario y Diógenes Rodríguez.
También agradeció a periodistas, abogados, locutores y a su familia que acudieron cada día a las audiencias celebradas en esa ciudad.
