Por Tony Salomón
Desde el año 2020 hasta la fecha, el presidente Luis Abinader Corona asume la presidencia de la República atraves del contrato que todo político establece durante la campaña electoral en busca del apoyo popular mediante el voto: un contrato «verbal»,
cargado de promesas que muchas veces solo encuentran espacio en el imaginario de quienes las formulan.
Es cierto que se han registrado honrosas excepciones, tanto en el cumplimiento parcial de lo prometido como en el incumplimiento de otras ofertas. Sin embargo, cuando un candidato abre la esperanza de todo un pueblo y luego esa esperanza se desborda en frustración, el desencanto se convierte en reclamo legítimo.
Hoy somos testigos de los actos más atropellantes de corrupción, de negligencia en la administración pública, y del uso de fideicomiso y alianzas público – privadas, donde el sector privado ingresa como socio de bienes públicos que ya se encontraban en plena productividad.
La pregunta es inevitable:
¿Cuál es el aporte del sector privado en estos acuerdos?
¿Quién gana y quien pierde cuando lo público se diluye en intereses particulares?
Señor presidente, ante un contrato no honrado, los electores – parte esencial de ese acuerdo – tiene derecho a exigir, reclamar y demandar.
Porque la democracia no termina en las urnas; comienza allí.
