En ese marco, la DGM ha logrado importantes avances mediante el fortalecimiento de su estructura organizativa, la expansión de su presencia a nivel nacional, la capacitación continua de su capital humano, la mejora del equipamiento tecnológico, el incremento de su capacidad operativa y la creación de nuevas infraestructuras, todo ello con el propósito de ofrecer un servicio cada vez más eficiente, moderno y de calidad a la ciudadanía y a los millones de extranjeros que visitan la República Dominicana.
Desde la promulgación de la Ley de Inmigración No. 95, del 14 de abril de 1939, y su reglamento de aplicación emitido el 12 de mayo del mismo año, la DGM ha sido el órgano rector de las políticas migratorias del país, regulando aspectos esenciales como el estatus de no residente, los permisos de residencia, las deportaciones y el control de entradas y salidas por vía terrestre, marítima y aérea.
El marco legal que regula el accionar de la institución fue fortalecido con la promulgación de la Ley General de Migración No. 285-04, del 15 de agosto de 2004, y su reglamento de aplicación contenido en el Decreto No. 631-11, los cuales sentaron las bases del nuevo régimen jurídico en materia migratoria, orientado a garantizar una gestión ordenada y coherente con los intereses nacionales.
Durante sus más de ocho décadas de historia, la DGM ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de la soberanía nacional, respondiendo a los desafíos de la migración irregular, especialmente la proveniente desde Haití. En ese sentido, cabe destacar la implementación de políticas de control y regularización migratoria por parte de los distintos gobiernos, orientadas a preservar el orden institucional; un ejemplo de ello fue la ejecución del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
En el contexto histórico actual que atraviesa la República Dominicana, frente al incremento del flujo migratorio irregular de nacionales haitianos, la Dirección General de Migración (DGM) se ha consolidado como una de las principales instituciones en las que la ciudadanía deposita su confianza, actuando como primera línea de defensa ante los efectos no deseados de esta movilidad no regulada. En respuesta a esta realidad, la DGM ha asumido con compromiso y responsabilidad este desafío, desplegando esfuerzos coordinados a nivel nacional para controlar un fenómeno que impacta directamente a toda la población dominicana.
Durante la actual gestión del presidente Luis Abinader, la prioridad otorgada a los temas migratorios ha sido evidente. A partir del año 2021, se ha intensificado el proceso de repatriaciones y se han impulsado importantes reformas, incluyendo las más recientes medidas anunciadas el pasado 6 de abril, orientadas no solo a fortalecer los mecanismos de control, la seguridad fronteriza y el robustecimiento del marco normativo, sino también a regular el acceso a servicios de salud pública por parte de la población migrante.
En ese mismo período, desde el año 2020 a la fecha, la Dirección General de Migración ha deportado a 578,927 extranjeros y ha repatriado a 362,860, alcanzando un total de 941,787 personas reconducidas, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y los protocolos establecidos.
Actualmente, la Dirección General de Migración está bajo la conducción del Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, quien lidera un equipo comprometido con el fortalecimiento institucional y el cumplimiento estricto de la normativa vigente. Bajo su dirección, y con el apoyo del Ministerio de Defensa, a través del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, el CESFRONT y el CIUTRAN, así como del Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional, la institución trabaja arduamente para consolidar un régimen de extranjería que contribuya a la preservación de la identidad nacional y al ejercicio pleno de la soberanía.
Al conmemorarse este nuevo aniversario, el Director General agradeció al presidente Abinader la confianza depositada en su persona y reiteró su firme compromiso con la eficiencia administrativa, la transparencia en el uso de los recursos públicos y la prestación de un servicio de calidad a los usuarios.
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