Danilo Cruz Pichardo
Para el autor de este artículo el mejor gobierno que hemos tenido los dominicanos corresponde al de don Antonio Guzmán, por las transformaciones políticas que se registraron, al derogar las leyes que prohibían el comunismo, conceder libertad de expresión e información para todos, despolitización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y una auténtica división de los poderes públicos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tal y como lo concibió Montesquieu, filósofo, jurista y escritor francés, en su obra “El Espíritu de las Leyes”.
Esos cambios políticos son suficientes para que el antiguo presidente, período 1978-1982, se lleve el reconocimiento de mejor jefe de Estado de los últimos 48 años. Sin embargo, en lo económico también obtuvo notas sobresalientes, al duplicar el salario mínimo, incremento de la producción agropecuaria y la concesión de créditos a los hombres que trabajan la tierra, protegió y fomentó la pequeña y mediana industria y se preocupó por el control de los precios, sobre todo de los artículos de la canasta familiar.
Lo mejor que se puede mencionar del gobierno de Salvador Jorge Blanco es la estabilidad en el servicio eléctrico, pero faltó creatividad para dinamizar la economía y la toma de medidas populares. Ente la creación del ITBIS, el plan de austeridad, reducción general de sueldos, la devaluación del peso y la firma con Fondo Monetario Nacional crearon una imagen negativa a esa administración.
Entrar en la evaluación de cada una de las gestiones administrativas que se inscriben en ese espacio de tiempo conllevaría un trabajo muy extenso, pero hay que reconocer que todas tienen defectos y virtudes, incluyendo los diez últimos años de Joaquín Balaguer, donde hubo escasez y desabastecimiento, pero también austeridad en el uso de los recursos públicos, estricta cautela para la toma de empréstitos internacionales y honradez de parte del jefe de Estado.
Posiblemente la mejor medida que ha tomado el presidente Abinader, en 6 años, consiste en hacer que los recursos que generan los consulados de los países del mundo vayan, desde el 6 de abril pasado, directamente al Estado a través de la Cuenta Única del Tesoro, lo que ha provocado falta de motivación en funcionarios del servicio exterior. Y en cuestión de semanas Alfonso Rodríguez pidió su cancelación del Consulado de Los Ángeles y Carlos Gabriel García declinó un decreto en el que se le designaba en ese cargo.
Solo falta establecer en qué se destina ese dinero.
Sin embargo, Luis Abinader es el presidente que más empréstitos internacionales ha tomado y al mismo tiempo se lleva el récord en ser el que menos inversiones ha hecho en obras que contribuyan al desarrollo del país. Desde el Gobierno se alega que el grueso de ese dinero ha sido para saldar deudas viejas, dato que rechaza la oposición. El hecho es que en el presente año se destina el 26% de la recaudación para el pago de la deuda externa y solo en intereses hay que buscar unos 322 mil millones de pesos en este 2026.
El presidente de la República no cede un paso con los excesivos gastos corrientes, incluyendo una hipertrofiada nómina pública, incremento de planes de asistencias, publicidad gubernamental e imprudentes pensiones de lujo a personas que nunca han dado un golpe en la administración pública.
Para responder a ese incontrolable y creciente gasto se optó por una reforma fiscal, aprovechándose de una mayoría mecánica en las cámaras legislativas, donde en apariencia se gravan operaciones de los más poderosos, pero tanto el aumento del ISR como de la emisión de cheques y transferencias bancarias terminan siendo traspasadas al consumidor. El empresariado nunca absorbe alzas.
De forma adicional, el Instituto de Energía de la UASD demostró que el gobierno no subsidia los combustibles. Los carburantes, contrariamente, tienen impuestos y al mismo tiempo sobreprecio, empezando por la gasolina Premium, que tiene 46 pesos por encima del precio en que debía ofertarse al consumidor.
Tanto la reforma fiscal como el incremento en el costo de los derivados del petróleo han disparado los precios en bienes y servicios, sobre todo de los productos de la canasta familiar. Es abusivo.
Pero ¿qué se puede esperar de un presidente que desde el período de transición del 2020 empezó a designar una mayoría de funcionarios que son empresarios y se desenvuelven, en el sector privado, en áreas afines en las que fueron nombrados?
Ejemplo: el antiguo ministro de Agricultura es uno de los principales arroceros del país. Al destituirlo se designa a otro arrocero mayor. En el sector eléctrico, en todo, está un empresario generador de energía. Eso provoca conflictos de intereses. Y el Art. 135 de la Constitución lo prohíbe y también la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones.
Como esos casos se pueden citar muchos más.
Se puede decir que Luis Abinader es el presidente ideólogo de los fideicomisos. Al escribir este trabajo conté 17 y hábilmente hizo que sus legisladores le aprueben la Ley 28-23, para contar con un marco legal, aunque de por sí ya disponía de la Ley 47-20, sobre Alianzas Público Privadas. ¿Qué ventajas ofrecen los fideicomisos y quién se los pidió al presidente Abinader?
Ahí está el caso del fideicomiso de la Policía Nacional que viene haciendo una reforma que se ha chupado 11 mil millones de pesos, aunque desde el Gobierno se dice que son 8 mil. Sea una cifra u otra se trata de un gasto excesivo. Se habla de asesores internacionales que ganan hasta 20 millones mensuales y lo único visible en la Policía Nacional es el cambio de uniforme.
Abinader había prometido en la campaña de 2020 que acabaría con la inseguridad ciudadana. Y a 6 años de gestión se aplican los mismos métodos de las ejecuciones extrajudiciales contra jóvenes socialmente excluidos, porque no disponen de educación ni empleo. La mejor forma de combatir la violencia es con prevención y el Estado dispone de los organismos de seguridad para identificar a todos los muchachos envueltos en el crimen organizado.
Esos jóvenes se exhiben y se comunican por redes sociales y pueden ser apresados y enviados a cárceles que los rehabiliten, que ni siquiera las hay en el país, lo que reduce la forma de justificar el superabundante gasto en la famosa reforma.
Este es un gobierno tan malo –el más malo de los últimos 48 años-- que desde el Congreso Nacional, controlado por Luis Abinader, no se ha aprobado el Código Laboral a la espera de un descuido de la población para reducir o excluir viejas reivindicaciones, como el pago de las prestaciones o cesantía. Se quiere aprovechar el mismo descuido que hubo con el Código Penal, que en el Párrafo II del Art. 209 se penaliza la difamación e injuria hasta con diez años de prisión.
