En los últimos años, hemos sido testigos de cómo ciertos términos se han popularizado en el discurso social y jurídico del país, en especial el concepto de “feminicidio”. Sin embargo, es fundamental detenerse a reflexionar sobre el uso correcto y responsable de esta palabra, así como el impacto que ello tiene en la percepción social y en la formulación de políticas públicas.
El término *“feminicidio”* implica, en su esencia, el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, una forma de violencia estructural y de género que responde a una problemática de discriminación, exclusión y violencia sistemática contra las mujeres. Es, por tanto, una aberración psicológica y social, que se debe combatir desde la raíz, reconociendo su naturaleza específica y diferenciándola de otros tipos de homicidio.
Lamentablemente, en la República Dominicana se ha adoptado y utilizado el término “feminicidio” para describir cualquier crimen en el que una mujer sea víctima, incluso cuando el motivo no es la condición de género, sino otras circunstancias como crímenes pasionales, celos, violencia intrafamiliar o incluso homicidios en contextos de rupturas amorosas. Esto es un error conceptual que desdibuja la verdadera gravedad y especificidad del feminicidio y, además, contribuye a que la sociedad pierda la sensibilidad frente a las problemáticas de género.
Es común escuchar que en nuestro país se hable de “feminicidio” en casos donde la mujer muere en un conflicto amoroso, en circunstancias que no implican necesariamente una violencia de género estructural, sino un problema de violencia intrafamiliar o incluso un homicidio pasional. La confusión es tal que algunos actores, incluso instituciones, han llegado a utilizar estos términos indistintamente, lo cual envía un mensaje equívoco y peligrosamente simplista: que todos los asesinatos de mujeres tienen la misma raíz y que todos deben tratarse bajo la misma categoría jurídica y social.
Aquí surge una cuestión de fondo: ¿qué mensaje estamos transmitiendo a la sociedad y qué impacto tiene esto en la percepción del problema? La existencia de una *“Unidad de Violencia de Género”* en lugar de una *“Unidad de Violencia Intrafamiliar”* puede estar alimentando una percepción errónea, que a su vez refuerza estereotipos y prejuicios. La violencia de género, en su forma más extrema, requiere un abordaje específico, con leyes, políticas públicas y programas que reconozcan su naturaleza estructural. Pero no podemos olvidar que en nuestra realidad prevalece la violencia intrafamiliar en general, que puede o no estar relacionada con la condición de género del agresor o la víctima.
Al diferenciar claramente entre violencia de género y violencia intrafamiliar, enviamos un mensaje preciso: que hay problemáticas específicas que requieren respuestas diferenciadas. La confusión o la utilización indistinta de estos términos puede llevar a la discriminación, a la estigmatización de las víctimas, y a la ineficacia de las políticas públicas, que terminan siendo generalistas y poco efectivas.
Por ello, es imprescindible que las leyes, las políticas públicas y los discursos oficiales en nuestro país tengan mensajes claros, precisos y responsables. La correcta utilización del lenguaje y la diferenciación conceptual son herramientas fundamentales para sensibilizar a la sociedad, para diseñar estrategias efectivas y para garantizar la protección de todos los ciudadanos, sin discriminación alguna.
En conclusión, debemos promover un entendimiento profundo y riguroso de los términos que describen nuestra realidad social. Solo así podremos avanzar en la lucha contra la violencia, en la protección de los derechos de las mujeres y en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de las diferencias. La precisión en el lenguaje y la claridad en las políticas públicas son pasos indispensables en ese camino.
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