Sebastián del Pilar Sánchez

Alrededor de las once de la noche del 28 de noviembre de 1978 una patrulla policial al mando del coronel Luis A. Ricardo Henríquez, comandante del cuerpo del orden en la zona sur de la capital, apresó en su despacho al director del Instituto Nacional del Algodón (INDA), agrónomo Fernando A. Marte y lo recluyó en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en cumplimiento a una disposición del procurador fiscal del Distrito Nacional, doctor Julio Ibarra Ríos, luego de que el órgano informativo del Partido Comunista Dominicano (PCD), lo involucrara en actos de corrupción.

A ese acontecimiento le siguió el arresto del agrónomo Felipe Rodríguez, encargado del departamento de Entomología de dicho instituto, por sospecha de complicidad con el acusado, aunque después de un intenso interrogatorio se le puso en libertad por insuficiencia de pruebas.

Con la denuncia de corrupción en el INDA, expuesta en el semanario “Hablan los Comunistas”, el PCD reclamó una explicación sobre el uso de los cheques números 12583 y 13374, emitidos por la empresa algodonera por las sumas de 78 mil 500 y 3 mil 361 pesos, para saldar una deuda con una firma comercializadora de productos agroquímicos, denominada “Marte, Fernández y Asociados” y comprar en favor de su director la póliza de seguro familiar No. 16463, a la Compañía Nacional de Seguros.

El acusado figuraba como socio principal de la improvisada comercializadora en formación, que proveía al INDA de materiales de fumigación cuando carecía del registro legal que otorga el Ministerio de Industria y Comercio para realizar cualquier actividad comercial y en base a cuñas pudo eludir los controles financieros recomendados por el Gobierno.

La operación policial se llevó a cabo un día después de la referida denuncia y de la audiencia de urgencia concedida por el presidente de la República, don Silvestre Antonio Guzmán Fernández al director de Noti-tiempo, periodista Fausto Marino Mendoza Rodríguez, para conocer la importancia y repercusión de la querella preparada por el PCD contra el director del INDA.

En esta reunión celebrada en el Palacio Nacional, coordinada por el director de Información y Prensa de la Presidencia, licenciado Nelson William Méndez, el director del noticiario de Radio Comercial (ampliamente escuchado en todo el territorio nacional) recomendó al mandatario que procediera con prontitud y evitara que la denuncia en cuestión se convirtiera en un escándalo de trascendencia.

Entre Marino Mendoza y Antonio Guzmán existía un gran afecto que fluyó durante sus encuentros en la residencia de sus compadres don Bolo Sánchez y doña Chinda Díaz, progenitores de los hermanos Julio, Rosario, Orlando, Gustavo y Ludovino Sánchez Díaz, de modo que no causó sorpresa que acogiera la sugerencia del periodista con estas palabras: “Tú no sabes hasta dónde yo te agradezco lo que has hecho”.

Al día siguiente, el presidente destituyó a Fernando Marte de la dirección del INDA y colocó en su lugar a dos profesionales cibaeños: agrónomo José Bienvenido Espaillat, director agrícola y licenciado Roberto Cabrera Bisonó, director administrativo.

Esa resolución concitó tanto apoyo que opacó la denuncia del PCD y motivó una declaración pública del presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), profesor Juan Bosch, el lunes 4 de diciembre, reconociendo que “La actuación (del mandatario) es correcta; sólo el atraso político en que nos encontramos explica que un funcionario del Estado diga que dispuso de fondos para un seguro en favor suyo y de sus hijos y considere que eso está bien”.

 

Prensa y moral pública

La campaña anticorrupción en la sociedad dominicana se había intensificado por los medios informativos, desde la juramentación del presidente Guzmán, mediante numerosos artículos y editoriales como el publicado el 6 de septiembre de 1978 por el periódico Última Hora, titulado “El Combate de la corrupción”, que sugería que “debe ser perseguida y combatida con la mayor eficacia”, con mecanismos idóneos “para procurar que la actuación de cada funcionario esté bajo un permanente escrutinio, sobre todo en lo que se refiere al uso de los fondos puestos a la disposición del departamento o de la industria que dirija”.

Ese diario señaló que “Lo que tenemos que hacer es establecer normas para que en todos los departamentos del Estado y en las instituciones autónomas se realicen periódicas auditorías, y también debemos reclamar de los ciudadanos y de las instituciones privadas que reporten, vía procuraduría fiscal o procuraduría general de la República, cualquier maniobra de funcionarios o empleados con las que se le trate de reclamar pago por lo que debe ser prestado como servicio público”.

También recomendó que “debemos tener cuidado en la forma en que se busque perseguir la corrupción. No vaya a ser que estemos echando sombras de sospecha sobre la conducta y el comportamiento de todo el mundo. Creemos que el gobierno central debería establecer lo que sería una política en ese sentido, para que no esté diariamente enfrentando denuncias razonables o irrazonables acerca de irregularidades supuestas o reales que se hayan cometido o que se estén cometiendo. Lo básico es que sea el propio gobierno el que establezca sus normas, el que indague las informaciones confiables, el que haga las investigaciones con sobriedad y el que disponga las penalidades. Para que el culpable sea castigado como merezca, y para que el inocente no le sea puesta en duda su honestidad y se le defienda de diatribas”.

Así se expresó Última Hora a sólo 21 días de inaugurarse el gobierno democrático del partido blanco, para exhortar a sus funcionarios a aplicar los controles indispensables para moralizar el servicio público y dejar atrás las prácticas corruptas que mermaron la fortaleza de las instituciones en el régimen anterior.

Por tanto, fue coincidiendo con esa postura crítica, que un mes más tarde el PCD denunció las presuntas irregularidades en el INDA y clamó por sanciones para los funcionarios que resultaran culpables de haber violado las normas y reglamentos establecidos para beneficiar a particulares, valiéndose de los privilegios del poder.

Defensa de Marte y acción del fiscal 

Ante los cuestionamientos a su gestión, el agrónomo Fernando Marte se defendió diciendo que había sido víctima de una campaña de confusión encabezada por miembros del gobernante Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de los municipios de Enriquillo y Oviedo, quienes querían ocupar puestos administrativos en el INDA sin contar con la debida preparación y al no poder lograrlo, filtraron documentos al PCD y propagaron calumnias para dañar su reputación, pese a que se había desenvuelto con absoluta honestidad.

El inculpado aseguró que, durante su gestión en el consorcio algodonero, iniciada el 17 de agosto, se esforzó en ponerlo en condiciones de producir las pacas requeridas y en mejorar el suministro de materia prima a la industria textil nativa, de acuerdo con un plan cuyo objetivo primario era la reparación de la obsoleta planta desmotadora de Los Mina, que estaba prácticamente inutilizada y la posterior adquisición de una serie de maquinarias e implementos de labranza especiales.

Marte era el primer imputado de corrupción en el gobierno perredeísta y este hecho colocó a la defensiva a otros funcionarios y a los dirigentes del partido oficial, muchos de los cuales hicieron historia durante la administración de Balaguer denunciando inmoralidades en las instituciones públicas y Guzmán los había integrado al tren gubernamental.

La situación del exdirector del INDA se complicó aún más luego del comunicado de prensa del presidente Guzmán informando -por vía del fiscal del Distrito- que su gobierno no toleraría actos reñidos con la ética pública y perseguiría “a los corruptos en cualquier despacho, por lejano que se encuentre del Palacio Nacional”; al tiempo que advertía que los funcionarios “que se roben los dineros del pueblo, serán inmediatamente detenidos y traducidos a la justicia, no importa el cargo que ostenten”, pues eran “sus peores enemigos”.

A esa proclama continuó el expediente acusatorio preparado por el Ministerio Público, remitido al juez de la Cuarta Circunscripción del Distrito Nacional, con la solicitud de apertura a juicio y el informe de los auditores Manuel Bidó Medina, Elvin Mella y Pablo Mariano Peña, de la Contraloría General de la República, quienes revisaron los libros de contabilidad del INDA y luego aseguraron que se había comprobado un sobregiro superior a 500 mil pesos en las cuentas bancarias de esa institución.

El sumario contenía una copia de un nuevo cheque por un valor de 44 mil 800 pesos, que habría sido utilizado en la compra no prioritaria de veinte automóviles Mitsubishi Lancer (año 1978) y en la adquisición de dólares para garantizar viajes al exterior.

A juicio del doctor Ibarra Ríos, lo ocurrido en el INDA constituía un acto de inmoralidad que ameritaba ser sancionado en base al precedente establecido en 1963 con el señor Virgilio Gell, asistente personal del presidente Juan Bosch, involucrado en casos de tráfico de influencias por supuestamente dedicarse a cobrar a quienes acudían a su oficina a concertar entrevistas con el mandatario y por la venta de más de mil pares de zapatos donados por fundaciones extranjeras, en desmedro de empresas dominicanas como la industria de calzados “Celso Pérez, C. por A”.

Entra en acción Morel Cerda

La defensa de Fernando Marte estuvo a cargo del entonces presidente de la combativa Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA), doctor Manuel Ramón Morel Cerda, quien emitió declaraciones públicas el jueves 7 de diciembre de 1978 para explicar que las compras sin concurso realizadas en el INDA fueron motivadas por su carencia de recursos económicos y de crédito comercial para convocar a licitaciones públicas, y por la urgencia en adquirir pesticidas y otros productos agroquímicos para combatir con éxito las innumerables plagas que estaban afectando sus plantaciones de algodón en los municipios de Enriquillo y Oviedo.

Consideró que su cliente actuó correctamente con la adquisición de una póliza de seguros en beneficio de su familia, porque su trabajo requería el uso constante del transporte aéreo y terrestre, tanto en el país como en el extranjero, lo que le daba “pleno derecho para proteger el futuro de sus hijos” si era víctima de un accidente o un ataque inesperado.

El destacado jurista acusó al fiscal de haberse excedido en sus atribuciones legales y exigió de las autoridades judiciales la libertad sin juicio de su defendido, como rectificación de los errores cometidos con su encarcelamiento bajo la acusación de inmoralidad, cohecho y abuso de confianza; figuras delictivas inaplicables en su caso ya que se podía comprobar que sus acciones habían contado con la autorización del secretario administrativo de la Presidencia, licenciado José María Hernández, yerno del primer mandatario.

El doctor Morel Cerda explicó que el seguro familiar no era un privilegio particular del exdirector del INDA, puesto que entre sus adjudicatarios se encontraban otros altos funcionarios de instituciones descentralizadas; entre ellos, integrantes de la Junta Monetaria del Banco Central, del Consejo de Directores del Banco de Reservas y del Directorio Ejecutivo del Banco Agrícola, y nadie había pensado que “han cometido una inmoralidad, un cohecho o un abuso de confianza, como dice el fiscal en cuanto a Fernando Marte”.

Dijo que su cliente había sido convertido en “chivo expiatorio”, pese a que con facilidad se podía demostrar que “no ha robado un centavo al Estado”; pues sus operaciones fueron tan normales como las que se realizan en las instituciones citadas.

Calificó de normal el alquiler del apartamento del ensanche Naco, que “servía como oficina de dicha entidad y como alojamiento para los funcionarios que vienen del interior del país”; asegurando que Marte defendió los intereses del INDA y en su gestión no hubo una sola operación dudosa, ni se produjo ningún tipo de irregularidad.

La defensa de Morel Cerda fue rebatida por el fiscal que atribuyó al acusado otras irregularidades, como haber gastado en viajes la suma de 16 mil 834 pesos, más 4 mil 100 en el arreglo del aposento de su hogar y diez mil en la remodelación de “un apartamento lujoso que hay que verlo”.

Sin embargo, aun cuando la justicia mediática influyó en la ciudadanía y se inclinó en favor del Ministerio Público, la duda sobre la fiabilidad de la imputación contra Marte revitalizó el principio de la presunción de inocencia y tiempo más tarde el acusado fue exonerado de cargos penales, aunque el miedo al estigma social lo mantendría en la soledad no deseada, sumergido en el claustro familiar.