Aseguró que últimamente el sometimiento a la Justicia se ha convertido en una de las formas preferidas por funcionarios, empresarios, políticos y delincuentes para amedrentar y presionar a periodistas y limitar la libertad de expresión y difusión del pensamiento.
Como muestra de sus afirmaciones puso como ejemplo los sometimientos de 18 periodistas del Grupo Servicios Informativos Nacionales (SIN), de la emisora La Z-101, de Cadena de Noticias (CDN), del periódico El Nuevo Diario y otros medios de comunicación social.
Explicó que la preocupación sobre esta situación surgió como parte de las conclusiones y recomendaciones del Taller que sobre la Seguridad de los Periodistas organizó el CDP con los auspicios de la UNESCO en Punta Cana, donde expertos internacionales, ejecutivos de medios, representantes del CDP de distintas provincias y directivos de los gremios periodísticos analizaron la situación de seguridad/inseguridad de los periodistas dominicanos.
Precisó que entre los sometidos a la justicia, incluso en más de una ocasión, por ejercer su profesión, figuran los periodistas y ejecutivos de la emisora de radio Z-101, entre ellos su propietario Bienvenido Rodríguez, su director Willy Rodríguez, los periodistas y comentaristas Juan Taveras Hernández, Alvaro Arvelo y Rosendo Tavarez.
Dijo que la emisora y este personal fueron sometidos, primero por Celso Marranzini, empresario y entonces administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y después por Félix Bautista, senador de San Juan de la Maguana y secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana en el poder.
También citó a periodistas y ejecutivos del Grupo Servicios Informativos Nacionales (SIN), que entonces manejaba, en calidad de arrendamiento, a Antena Latina canal 7, entre ellos su presidente Fernando Hasbúm, la directora del informativo y productora del programa de investigación “El Informe”, Alicia Ortega, y el periodista Marino Zapete.
Asimismo, Pedro Corporán, a la sazón presidente-administrador del Instituto Dominicano de Crédito Cooperativo (IDECOOP) y también presidente del Partido Unidad Nacional (PUN), además de Hasbúm y Ortega, también sometió a la justicia a Ángel Pérez, director general de Teleradio América, canal 45, donde se difunde el programa “El Jarabe de Zapete”, de Marino Zapete, y donde éste lo acusó de editar una revista con el dinero de los contribuyentes.
Otros periodistas sometidos a la justicia son, el mismo Marino Zapete, Altagracia Salazar, Franklin Guerrero, Diana Lora y Juan Tomás Dottin Reyes, de Cadena de Noticias (CDN), por alegada violación de los artículos 1, 29, 34 y 35 de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.
Esta vez el sometimiento lo hizo el sacerdote católico Manuel Ruiz quien dijo sentirse difamado por los periodistas, que a su vez aseguraron que sólo se hicieron eco de denuncias de una comunidad que se siente afectada por la forma en que el sacerdote administra como un negocio privado una escuela construida con fondos públicos, en un terreno público.
El mismo sacerdote Manuel Ruiz, quien además es secretario ejecutivo de la Pastoral Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo, también presentó un recurso de amparo contra Profamilia y el periodista Fausto Rosario Adames, presidente de esta institución, y a los demás ejecutivos, por diferencias en torno al tema del aborto, la sexualidad entre jóvenes y para que retire de los medios de comunicación una campaña publicitaria, por entender que incita a los niños a comenzar relaciones sexuales a temprana edad.
Asimismo, el periodista Emilio Reyes Ledesma, del periódico El Nuevo Diario, fue requerido por el fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, Domingo Alberto Piñeyro Cuevas, para investigarlo en relación a una denuncia formulada por Tania Cuevas Feliz y publicada en el Nuevo Diario, de que en la Dirección de Alta Tecnología de la Policía han estancado su querella y se han negado a entregarle un informe sobre el resultado de una investigación respecto al "hackeo" de sus cuentas personales en las redes sociales.
Los participante en el taller sobre seguridad de los periodistas consideraron que el acoso judicial sistemático contra estos profesionales, tienen como objetivo intimidarlos a fin de que guarden silencio frente a los actos de corrupción, además de que se basan en alegatos sin fundamentos, que generalmente son desestimados por los tribunales luego de litigios largos, que implican para los y las periodistas pago de abogados y otros gastos.
Otro factor utilizado como presión y acoso contra los periodistas son las agresiones, de las cuales son víctimas un promedio de 61 por año, las cuales generalmente provienen de funcionarios civiles y militares del Estado, bandas de narcotraficantes, militantes de partidos políticos y delincuentes comunes.
Otra forma de limitación de la libertad de expresión que se utiliza actualmente en el país es el estrangulamiento económico y cierre de programas periodísticos independientes. Sólo en los últimos tres meses fueron excluidos unos diez destacados y valientes periodistas de los medios donde laboraban sin que éstos hayan faltado a sus responsabilidades laborales.
A esto se suma el cierre de espacios en la televisión y la radio por parte de los dueños de emisoras y canales. Se trata de prácticas comunes que buscan evitar comentarios o informaciones desfavorables a los intereses económicos y políticos a los que están vinculados los propietarios de medios.
