Por : Alexander Olivence G
Cada vez que se debate sobre la presencia de mano de obra extranjera, principalmente haitiana, en sectores clave de la economía dominicana como la construcción, la agricultura y el turismo, resurge un argumento familiar: “Sin ellos, todo colapsaría”. Esta narrativa, sin embargo, no es nueva. En el siglo XIX, los esclavistas del sur de Estados Unidos defendían su sistema con el mismo pánico económico: “Sin esclavos, el algodón morirá”. Incluso dividieron su nación en una guerra civil antes de aceptar el cambio. Hoy, en República Dominicana, quienes se benefician de la explotación laboral repiten el libreto, mientras el Estado mira hacia otro lado.
Historia que se repite: Esclavitud, miedo y progreso
En 1861, los estados sureños de EE.UU. se separaron de la Unión para preservar un sistema económico basado en la esclavitud. Su advertencia era clara: sin esclavos, no habría riqueza. Abraham Lincoln venció en la Guerra de Secesión, y aunque la transición fue traumática, el capitalismo no se derrumbó; se transformó. Medio siglo después, durante la Revolución Industrial en Europa, los terratenientes y gremios advirtieron que las máquinas destruirían empleos y arruinarían la producción. No ocurrió así: la innovación generó nuevas industrias y mayor productividad.
Ambos casos demuestran que los sistemas que se aferran a la explotación como “único camino” no solo son éticamente insostenibles, sino históricamente miopes. El progreso, aunque doloroso, llegó cuando se priorizó la dignidad humana sobre el lucro inmediato.
República Dominicana: La falsa dicotomía del ‘progreso’
En el Caribe del siglo XXI, el discurso de la dependencia se recicla. Grandes cadenas hoteleras, constructoras de lujosos condominios y agroempresas insisten en que su éxito —y por ende, el del país— depende de una fuerza laboral extranjera mal pagada, sin derechos laborales básicos y en condiciones cercanas a la servidumbre. Detrás de esta retórica hay un cálculo frío: mantener costos bajos a expensas de vidas humanas.
Según informes de organizaciones como la OIT y Human Rights Watch, miles de haitianos en RD trabajan sin contratos, en jornadas extenuantes, y enfrentan deportaciones arbitrarias. Es un círculo perverso: se les necesita, pero no se les reconoce. Mientras, el Estado, cómplice por acción u omisión, no aplica leyes laborales ni invierte en capacitación para integrar a dominicanos en estos sectores.
Los nuevos esclavistas y su blindaje económico
Quienes defienden este modelo replican el miedo de los esclavistas sureños: “Sin ellos, no hay desarrollo”. Pero la historia enseña que las economías no colapsan por dejar atrás la explotación; se reinventan. En EE.UU., el fin de la esclavitud impulsó la mecanización agrícola. En Europa, la industrialización creó una clase obrera que, aunque explotada inicialmente, logró conquistar derechos.
En RD, el desafío es romper la lógica cortoplacista. ¿Por qué no formar a trabajadores locales para hotelería o agricultura tecnificada? ¿Por qué no garantizar salarios justos que atraigan dominicanos? La respuesta es clara: a las élites les conviene un ejército laboral barato y desprotegido. El gobierno, en deuda con estos grupos de poder, evita regularlos.
Hacia un futuro sin cadenas
La dependencia de mano de obra explotada no es una política de desarrollo, sino un lastre moral y económico. Países como Costa Rica o Uruguay demuestran que es posible crecer con inclusión y derechos laborales. En RD, urge:
1. Fiscalización real: Sancionar a empresas que violen leyes laborales.
2. Inversión en educación técnica: Formar mano de obra local calificada.
3. Regularización migratoria: Proteger derechos de trabajadores extranjeros para evitar abusos.
4. Diversificación económica: Reducir la dependencia de sectores low-cost.
El fantasma de la “catástrofe económica” sin explotación es una mentira histórica. República Dominicana no necesita modernizar sus cadenas, sino romperlas. Como dijo Lincoln: *”Ningún hombre es lo suficientemente bueno para gobernar a otro sin su consentimiento”. El progreso verdadero no se construye sobre hombros invisibles, sino con pisos dignos para todos.
Las imputaciones son de tipo penal y, además del tráfico ilícito de inmigrantes, incluyen cinco casos de falsificaciones, cuatro de uso de documentos falsos, dos de estafas, uno por robo y cohecho, otro por asociación de malhechores y uno por destrucción a la propiedad del Estado.
Recientemente, Supérate promovió y apoyó el taller 
