Por: Juan Ariel Jimenez
Hace unos meses, el gobierno dominicano nos vendía el sueño de convertir al país en un “hub regional de energía” con la capacidad de exportar electricidad a Haití y Puerto Rico. Hoy, la realidad es un poco distinta, pues según el Decreto 517-25, estamos oficialmente en “emergencia energética” sin electricidad ni para nosotros mismos. Sí, del hub regional al apagón en tiempo récord.
Esta declaración de emergencia libera al gobierno de los procedimientos y plazos de contratación de energía y compra de insumos para el sector dispuestos en la Ley General de Electricidad y la Ley General de Compras y Contrataciones Públicas. En pocas palabras, vía libre para traer nuevas barcazas de generación eléctrica. Barcazas que, según se comenta, ya estaban en camino mucho antes de que se emitiera el decreto de emergencia.
Lo curioso es que no es la primera vez que estamos “en emergencia”. En 2021 hubo un proceso de contratación de urgencia que dio como resultado que dos barcazas turcas de la empresa Karpowership atracaran en las playas de Azua para desde ahí suplir 180 MW de energía al país.
Es decir, desde 2021 estamos en emergencia. Pero resulta que la única emergencia del sector eléctrico es la falta de lectura de los estudios de previsión de demanda y la falta de planificación de la generación energética del presente gobierno. Y es que no debe ser sorpresa para nadie que una población y una economía en crecimiento necesiten cada vez más energía. Y esto no solo por sentido común, sino que así está estimado en los numerosos estudios que se han realizado durante años. Pero si los funcionarios gubernamentales no leen los estudios y no actúa en función a ellos, se gobierna con el método de “esperemos el apagón y después resolvemos con emergencia”, con lo cual la improvisación se convierte en el modus operandi del gobierno.
El resultado de esta negligencia estatal es que hoy tenemos barcazas de generación instaladas en nuestro mar, barcazas que, por cierto, llegaron desde Cuba. Sí, nuestro sistema eléctrico ahora le toma plantas prestadas a Cuba. Pero esto no se queda ahí, pues según la propia página de la empresa Karpowership, la mayoría de clientes de este tipo de barcazas son países de Africa Subsahariana como Sudán, Mozambique, Guinea o Costa de Marfil. Sin dudas, ingresar a este club selecto en temas energéticos es un hecho histórico, como le encanta decir al gobierno.
Ahora bien, lo tristemente histórico es el precio. Según el Boletín de Generación y Gestión de Energía de julio 2025 del Ministerio de Energía y Minas, producir un kilowatt con estas barcazas cuesta 10.7 centavos, más de tres veces lo que cuesta en Punta Catalina. ¿Quién paga la diferencia? Usted, yo, todos, vía tarifa eléctrica o impuestos.
Pero no hablemos solo de dinero. Estas barcazas operan con Fuel Oil 6, uno de los combustibles más contaminantes del planeta, catalogado como “peligroso” por el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Y lo que es peor, estas plantas están instaladas en la intersección de dos zonas de amortiguamiento de los parques nacionales Francisco Alberto Caamaño y Sierra Martín García. Y ya hubo derrames de combustible en 2023, confirmados por el propio Ministerio de Medio Ambiente en una investigación realizada luego de recibir denuncias de la comunidad.
Ante esta tragedia energética y medioambiental, la pregunta cae sola: ¿qué se pudo hacer distinto? La respuesta también es simple. Lo lógico siempre ha sido que el gobierno dispusiera la construcción de al menos dos nuevas plantas de Punta Catalina, aprovechando el terreno y las infraestructuras que ya tiene la planta actual, como el puerto, la subestación eléctrica, las líneas de transmisión, los depósitos de cenizas, los almacenes de carbón, entre otros. Con dos nuevas plantra de Punta Catalina, el país pudiera disminuir aún más el costo de la electricidad y en consecuencia disminuir el subsidio eléctrico.
Y construir nuevas Punta Catalinas no sería nada difícil, pues solo con el dinero que el gobierno ha destinado a subsidiar el incremento en las pérdidas de las EDEs se pudieron construir cuatro Punta Catalinas más, con lo cual se lograría la generación energética suficiente hasta 2030. Otra opción sería que Punta Catalina auto financie su expansión, pues la planta ahora mismo está dejando cerca de US$ 250 millones de beneficios todos los años.
Cabe entonces preguntarse, si la solución siempre ha sido tan obvia, ¿por qué no se hizo? Por dos razones. La primera, tanto se criticó Punta Catalina en el pasado que ahora el gobierno es prisionero de su propio discurso. La segunda, porque aumentar la generación mediante empresas públicas terminaría de romper el cartel de generación que por décadas ha afectado al país, pero eso es afectar intereses particulares, y eso genera fricciones que no todo gobierno está dispuesto a manejar.
Pero ojo, que el decreto que declara de emergencia las compras del sector no se limita a generación eléctrica. Habrá que ver qué otros elementos terminarán comprándose al elevado precio de la improvisación, desde baterías, contadores, subestaciones, entre otros. Y claro, aquí también se aplica la regla de que toda compra improvisada sale mucho más costosa que la compra planificada.
En resumen, pasamos de ser “el hub energético del Caribe” a ser el país que importa barcazas de Cuba. Todo porque el gobierno decidió que en lugar de planificar, preferían improvisar la generación de electricidad con decretos de emergencia. Y con esto, este gobierno deja como legado una electricidad tres veces más cara y un ecosistema marino deteriorado.
