Danilo Cruz Pichardo
No son uno ni dos los funcionarios que se han expresado despectivamente de los dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Moderno. Y siempre haciendo la observación de que gozan del respaldo del presidente de la República, Luis Abinader. Es lo mismo que si el jefe de Estado diera instrucciones a los miembros de su gabinete para que discriminen y maltraten a los hombres y mujeres que hicieron posible que ascendiera en dos oportunidades a la posición que ostenta.
Es un caso único en la historia social dominicana. Cuando el profesor Juan Bosch ganó las elecciones de diciembre de 1962, al ascender al poder en febrero de 1963, aplicó una aplanadora contra los empleados públicos para abrir espacio a la gente que contribuyó con su triunfo. Quizás fue un exceso del líder perredeísta en la ocasión, porque todos los dominicanos tienen derecho al trabajo, sin importar bandería política, pero demostró al mismo tiempo tener concepto de la gratitud.
De igual manera, cuando Joaquín Balaguer alcanzó el poder en 1966 expresó, en su discurso de toma de posesión, ante la Asamblea Nacional, el derecho de los militantes de su organización de ocupar posiciones en el Estado dominicano. Y durante doce años consecutivos los reformistas fueron dueños y señores de las oficinas públicas.
Del mismo modo, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco e Hipólito Mejía, dieron prioridad a sus correligionarios en las posiciones de los diversos niveles de la administración pública. Hasta Jacobo Majluta, que apenas gobernó por 43 días, puso a sus seguidores en cargos estratégicos y de relevancia en el tren gubernamental.
Podría decirse lo mismo de Leonel Fernández y Danilo Medina, que demostraron ser dos grandes peledeístas, personas generosas que saben, además, devolver favores. Es cierto que nadie apunta en una agenda los favores recibidos, pero casi todos los líderes políticos los memorizan y restituyen. Luis Abinader es un caso excepcional.
Después que desaparecieron las ideologías y ciertos principios éticos, en el escenario político nacional, resulta mucho más fácil establecer que no hay ninguna diferencia entre los dirigentes y militantes del PRM, Fuerza del Pueblo, PLD y PRD. Se trata de dominicanos con defectos y virtudes que sencillamente aspiran a permanecer y o ascender al poder. No creo que un dominicano sea más o menos serio que otro por asunto de simpatía política partidaria ¿A qué atribuir esa actitud del presidente Abinader de maltratar a los perremeístas, a tal extremo que no los reciben en las instituciones públicas, pese a que también gozan de derechos constitucionales?
Dispongo de los vocablos correctos para definir esa conducta, pero no puedo expresarlos públicamente.
Lamentablemente todavía en nuestra población se arrastra mucho la cultura trujillista, el culto a la personalidad y de liberar de culpa a los presidentes para responsabilizar a los miembros de su gabinete. Creanme: yo era un carajito desde que escucho decir la siguiente expresión: “El presidente es un hombre bueno y bien intencionado, pero tiene un equipo que no le ayuda”. ¡Mentira!
Cuando un Gobierno es desastroso –como el que en efecto tenemos— el único responsable es el jefe de Estado, máxime cuando tiene el control de todos los poderes y a pesar de todo se caracteriza por la improvisación y la incompetencia. Nada genera más asco que la adulería.
Empero, no corresponde al suscrito abogar por las causas de dirigentes políticos de ninguna organización. Apoyo intereses de todos los dominicanos, sobre todo cuando son de clases media y baja y sus derechos son vulnerados, en evidentes actos de injusticia que vienen desde el dominicano más poderoso.
Guardar silencio ante una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen. Ya lo dijo Monetesquieu --con mucha propiedad--: “Los más desgraciados no son los que sufren las injusticias, sino los que las cometen”. Y generalmente, además, se trata de individuos cobardes. Todo el abusador es cobarde. ¡Escríbalo!
Lo que no entiendo es como los perremeístas no se animan y apelan al Art. 39 de la Constitución y someten a la justicia al presidente Abinader, por dar instrucciones de discriminación en su contra. Aquí no hace falta elaborar más leyes ni códigos, es suficiente con aplicar las normas vigentes. ¡Oh! ¿Y quién es usted para dar órdenes a sus funcionarios para la comisión de vejámenes y humillaciones en las oficinas públicas a los miembros de un grupo político determinado?
