Himno a la Patria

lunes, 8 de junio de 2026

CDP y propietarios de terrenos denuncian invasión de propiedades en Boca Chica.

 


REPORTAJE:

Propietarios de terrenos que denuncian los intentos de despojos de sus pertenencias entre ellos dirigentes del CDP.
BOCA CHICA, Santo Domingo Este.- El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y otros 30 propietarios de terreno en el municipio de Boca Chica, denunciaron los intentos de una planta de agregados que ha sido instalada en esa zona y que trata de despojarlos de sus propiedades.
La institución y las personas afectadas, congregados en la Asociación de Parceleros de Boca Chica, informaron que poseen 2,000 tareas, de las 12,000 que contiene la parcela 1-77 del DS6 de Boca Chica, y que, al parecer, los dueños de la planta de agregado se proponen invadir, pues ya tres de ellas han sido violentadas con el retiro de la capa vegetal y el derribo de las alambradas.
Caminando por unos de los solares, al que le fue retirada la capa vegetal por la planta procesadora de agregados.
Informaron que equipos de excavadoras, trituradoras, bulldozers, camiones han penetrado a los terrenos que les fueron entregados hace más de cuatro años como permuta, por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), en el municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.
Los denunciantes aseguran que la planta de agregados instalada dentro de la parcela 1-77 del DS6, de Boca Chica, donde sus parcelas están ubicadas, supuestamente pertenece a un viceministro de Interior y Policía, y que guarda relación con una reconocida constructora del país.
Los portavoces de los propietarios de terrenos fueron: Isidro Prensa, presidente de la Asociación de Parceleros de Boca Chica; Andrés Jiménez, propietario de una de las parcelas invadidas; y Olivo De León, asesor del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).
Dijeron, que la planta de agregados, se dedica a la extracción de material calizo, caliche y caliza coralina y de materiales de construcción para fines comerciales; a triturar y procesar las rocas para obtener materiales de construcción, como material de relleno para calles, carreteras, nivelar terrenos para construcción, entre otras utilidades.
Isidro Prensa, presidente de la Asociación de Parceleros de Boca Chica, indicó que los propietarios de estos terrenos han gastado millones de pesos en el acondicionamiento de estas tierras, que cuando recibieron eran monte abandonados.
«Atención, presidente Luis Abinader, nosotros no somos invasores. A nosotros nos puso aquí el CEA y tenemos la documentación», afirmó el presidente de los parceleros.
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En tanto, que Olivo de León, en representación del Colegio Dominicano de Periodistas, manifestó que este gremio posee aquí unos 10,000 metros cuadrados de tierra que les fueron entregados como permuta por el CEA, que les despojó de los que tenían en la autopista Santo Domingo-Samaná, y que destinará a la construcción del club de los periodistas.
«Fueron los mismos técnicos del CEA quienes nos entregaron los terrenos, nos trajeron para mostrarnos los límites; pero hoy nos encontramos con trituradoras, bulldozers, camiones y otros equipos que han destruido alambradas, removido la capa vegetal, extraen la tierra y las piedras calizas, y en algunos casos, destruido cultivos de auyama y de melones”, expresó De León.
En ese sentido, planteó la necesidad de la intervención del presidente Luis Abinader, para evitar negocios malsanos y, de paso, derramamiento de sangre.
Andrés Jiménez, explica a René Columna, gerente zonal del CEA, hasta dónde le han invadido su parcela.
Andrés Jiménez, uno de los parceleros invadidos, comunicó que nadie, ni siquiera las autoridades del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) pueden comprometer esos terrenos, ni hacer negocios con ellos porque fue esa misma institución que se los midió y entregó.
A los terrenos que intentan ser ocupados por la empresa de agregados, se trasladó una delegación del CDP, integrada por Olivo De León, asesor del CDP y del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP) y coordinador de Movimiento Marcelino Vega (MMV); Wilder Páez, secretario general de la seccional de CDP en el Distrito Nacional; Franklin Ferreras, del Consejo de Administración del IPPP; Aurelio Henríquez, ex presidente de CDP; Nelson Gutiérrez, presidente del Colegio Dominicano de Locutores (CDL) y del Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CONADEHU); Wilson Guerrero, secretario de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de la Prensa (Coopnaprensa); y Epifanio Caro, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
En el lugar se reunieron con los miembros de la Asociación de Parceleros de Boca Chica para intercambiar informaciones y ponerse de acuerdo en torno a las acciones a ejecutar para evitar ser despojado de las tierras.
Planta de agrega
Para atender al llamado de los propietarios de parcelas, asistió al lugar, René Columna Guzmán, capitán de navío y gerente del CEA y Bienes Nacionales en esa zona, quien se reunió con los denunciantes y prometió utilizar militares para sacar a los invasores de las parcelas.

INTERVENCIÓN URGENTE de las autoridades piden Residentes del Dorado III.

 

Santo Domingo, República Dominicana. En medio de una situación que califican como insostenible y alarmante, los residentes del Residencial Dorado III, hacen un llamado urgente y enérgico a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte,de la mano de las autoridades correspondientes, a fin de que intervengan de manera inmediata en la comunidad, ante el avanzado deterioro de sus calles, el colapso del sistema cloacal y la deficiente gestión en la recogida de basura.

Desde hace varios años, las familias que residen en esta comunidad enfrentan condiciones cada vez más precarias, caracterizadas por el constante desbordamiento de aguas residuales, acumulación de desechos y residuos sólidos y el progresivo deterioro de las vías de acceso. Esta situación no solo afecta la movilidad de los residentes, sino que también representa un grave riesgo sanitario y ambiental.‎

‎Residentes de Dorado III piden intervención urgente por cloacas, calles deterioradas y basura, niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud preexistentes se encuentran particularmente vulnerables ante esta problemática


‎‎A esta grave situación se suma el pésimo estado de las calles, las cuales presentan hundimientos, grietas, acumulación de lodo y un deterioro generalizado que dificulta el tránsito vehicular y peatonal., esta grave situación pone en riesgo mayor a las viviendas y estructuras del sector. En días de lluvia, las vías se tornan prácticamente intransitables.

‎Asimismo, los comunitarios denunciaron la ineficiencia en el servicio de recogida de basura. Indicaron que se realiza de manera irregular e insuficiente. Esto provoca la acumulación de desechos en distintos puntos del residencial. Esta problemática agrava las condiciones sanitarias. Genera focos de contaminación, malos olores y la proliferación de plagas. Además, impacta directamente a la salud, el bienestar y la calidad de vida de as familias.


‎En ese contexto, los residentes recordaron un recorrido realizado durante la campaña en el residencial. En esa ocasión, la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, estuvo acompañada del presidente de la Junta de Vecinos, el señor Herrera. Asimismo, asumió el compromiso de gestionar el arreglo de las calles de la comunidad. Sin embargo, a la fecha, dicho compromiso no se ha materializado, mientras las condiciones del residencial continúan deteriorándose.


‎“Estamos viviendo en condiciones que atentan contra nuestra dignidad como ciudadanos. Hemos agotado diferentes vías para canalizar esta situación, pero hasta el momento no hemos recibido una respuesta concreta de las autoridades competentes. Necesitamos acciones urgentes, no más promesas”, expresó Herrera.

Los residentes del Residencial Dorado III reiteran su disposición al diálogo. Además, están dispuestos a colaborar con las autoridades en todo lo necesario. Sin embargo, enfatizan que la situación requiere respuestas concretas y urgentes. La salud, la seguridad y la calidad de vida de las más de 500 familias que residen en esta comunidad dependen de una intervención