Tony Salomón
Parte de nuestras autoridades, tanto electas como designadas mediante decreto presidencial, son responsables directos de las decisiones que afectan el rumbo de la educación.
Y la pregunta que surge es inevitable: ¿será porque quienes toman las decisiones no tendrán que regresar a las escuelas para enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones?
Si repasamos la historia, encontramos que en la ciudad alemana de Mainz, hacia 1445, Johannes Gutenberg presentó una innovación que cambiaría para siempre el destino de la humanidad: la imprenta de tipos móviles.
A partir de entonces, el conocimiento comenzó a multiplicarse y a llegar a sectores cada vez más amplios de la sociedad. La lectura dejó de ser un privilegio reservado a unos pocos y se convirtió progresivamente en una poderosa herramienta de transformación social.
No todos recibieron aquella innovación con entusiasmo. Hubo quienes se opusieron a su expansión porque entendían que una población con acceso a los libros y al conocimiento sería más difícil de controlar. El conocimiento libera; la ignorancia somete.
Inglaterra comprendió el enorme valor de aquella transformación y supo capitalizarla. Su posterior desarrollo no fue obra del azar. La Revolución Industrial encontró uno de sus principales sustentos en la educación, en la generación de conocimiento y en la capacidad de formar ciudadanos preparados para transformar su realidad.
La historia nos demuestra una verdad que sigue teniendo plena vigencia: ningún pueblo puede aspirar al desarrollo si desprecia la educación y el conocimiento.
Todo pueblo que se resiste al desarrollo corre el riesgo de quedar sometido a la voluntad de pequeñas élites políticas y económicas que terminan concentrando el poder y las oportunidades.
Por eso, mi gran inquietud es:
¿Por qué hay sociedades y gobiernos que parecen tener más disposición para invertir en cárceles que en centros educativos incluyentes?
¿Por qué no entendemos que educar resulta mucho más rentable que castigar?
Una política pública que garantice educación de calidad, formación técnica, oportunidades laborales y espacios de desarrollo para nuestros jóvenes podría evitar, en buena medida, que muchos terminen incorporándose a la delincuencia.
Además, nos ahorraríamos enormes inversiones en infraestructura penitenciaria, personal de custodia, alimentación, salud y mantenimiento de una población carcelaria que, en muchos casos, pudo haber sido rescatada mediante la educación y la oportunidad.
Con la educación ganamos todos.
Ganan los padres, que tendrán mayores posibilidades de ver a sus hijos convertidos en ciudadanos productivos.
Ganan las comunidades, porque disminuyen los factores que alimentan la violencia y la delincuencia.
Ganan las potenciales víctimas, porque una juventud con oportunidades tiene menos razones para buscar en la delincuencia el camino que la sociedad no le ofreció.
Y, sobre todo, gana la juventud, que no debe ser condenada a pagar una pena por haber nacido en un entorno donde las oportunidades fueron escasas.
La cárcel debe ser la consecuencia de quien viola la ley; la educación debe ser la primera herramienta del Estado para evitar que nuestros jóvenes lleguen hasta allí.
Invertir en educación no es un gasto: es la inversión más inteligente que puede hacer una sociedad para garantizar su futuro.
Porque cuando un Estado construye más escuelas, necesita construir menos cárceles.
La verdadera seguridad comienza mucho antes de la prisión: comienza en el aula.
