El PEPCA revisará supuestas irregularidades INAIPI y Plan Social

 POR ALI Núñez

 La dirección de Compras y Contrataciones depositó tres expedientes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa sobre procesos de compras irregulares que habrían sido realizados por dos instituciones durante el pasado gobierno.

Carlos Pimentel, director de la entidad, las presuntas irregularidades fueron cometidas en el Plan Social de la Presidencia, que dirigía Iris Guaba, y en el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia INAIPI durante la administración de Berlinesa Franco.

Dijo que desde 2019 ha sido identificada una recurrencia «sospechosa» en los procesos de compras de del Plan Social de la Presidencia que otorgaba adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias.

Supuestamente esas acciones se traducían en un mayor gasto para la entidad contratante en términos de precios y que la única explicación para ello es la existencia de vínculos entre funcionarios y proveedores del Estado.

Mientras que los dos expedientes del INAIPI, uno refiere que en el 2016 esa institución incurrió en violación a los procedimientos de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, al realizar procedimientos de urgencias de los cuales no se tiene ninguna evidencia y que le costaron al Estado RD$208.05 millones.

Según auditoría practicada por la Cámara de Cuentas, estos pagos se hicieron por concepto de equipos electrónicos de comunicaciones, materiales y suministro, aparatos audiovisuales, obras de infraestructura y mobiliarios.

Los dos expedientes del INAIPI tienen que ver con irregularidades detectadas en el proceso INAIPI-CCC-LPN-2018-01 que data desde 2018 para el suministro y distribución de leche a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (Cafi) a nivel nacional, establece la documentación depositada.

Pimentel aseguró que INAIPI adjudicó ilegalmente contratos millonarios a compañías relacionadas ente sí por montos que superan los RD$60 millones con los argumentos de que había sido un proceso transparente en el que las compañías cumplieron con los requisitos del pliego de condiciones.