Columna de Opinión
Organizando Ideas
Olga Capellán
Por Olga Capellán.-
Compañías de servicios dejan brechas abiertas a todo
tipo de especulación
El Banco Central es el único emisor de los billetes y
monedas de circulación nacional, y tiene por objetivo velar por la estabilidad
de los precios, según lo expresa el Artículo No.228 de la Constitución de la
República.
Sin embargo, son muchas las instituciones, sobre todo
aquellas empresas de bienes y servicios que accionan en el país sin el debido
apego a dicha Constitución, violando con ello todos los preceptos ante los ojos
de los organismos que deben velar por el cumplimiento de nuestra Carta Magna,
no siendo así, debido a la falta de control gubernamental.
Desde hace varias semanas nos hemos dedicado a la
investigación sobre el presente tema, determinado con ello la burda forma en
que de manera silente, varios sectores de poder económico han introducido un
dominio avasallante sobre el ciudadano común, que ve como cada día se le
ahuyenta todo tipo de actividad, limitando su acción como lo consignan los
derechos ciudadanos.
Al referirnos siempre a la forma silente en que estos
sectores han perforado las necesidades del ciudadano, sin importar que solo un
grupo reducido de la sociedad tiene acceso a los beneficios y participa
haciendo el juego al sistema capitalista, aún consciente de que se están
dejando pasar por debajo de la mesa, y
es ahí donde se encuentra el perro enterrado.
Las empresas de bienes y servicios del país desde hace
décadas vienen introduciendo con gran empuje un sistema silente de
dolarización, no así ocurre con las Renta-Card
(alquileres de vehículos) que lo hacen de manera descarada y
estrepitosamente, imponiéndoles de manera obligatoria a los alquiladores de
autos, con la dolarización, y como en
todos los casos en complicidad con los organismos Estatales, cuando estos no
muestran ningún interés en obligar que al menos se apliquen los artículos de la
Constitución de la República y se respeten nuestra leyes, en lo que se refiere a la moneda de circulación
nacional, siendo el peso dominicano; y permitiendo que estas empresas trabajen
con libre albedrío sin ningún miramiento o control.
Las empresas Renta-Card se han convertido en
estafadores de manera directa o indirectamente cuando estas obliga a sus
clientes a ejecutar sus operaciones mediante el uso de Tarjetas de Créditos,
con la finalidad de que si al momento de la devolución del vehículo rentado
persiste algún daño, este será tazado mediante dichas tarjetas, sin embargo
echan de lado la existencia de un seguro de riesgo obligatorio, quienes en
tales casos cobran el mismo daño por el seguro y por la tarjeta de crédito,
afectando con ello el presupuesto personal del tomador del vehículo rentado.
Resulta que a la hora de tomar un vehículo en
alquiler, los requisitos son los siguientes: Permiso de conducir vigente,
seguro de riesgo, que aunque va por Renta-Card, en caso de daños significativos
estas empresas cobran por el seguro y por la tarjeta.
Los precios son calculados en dólares, aunque la República Dominicana no es productora de
dólares, ya que su moneda es el peso dominicano, como está consignado en el Artículo
228 de nuestra Constitución.
Esta situación viene permitiendo todo tipo de
conjetura, pues estas empresas de servicios, dejan abierta una brecha que
permite mirar detrás del espectro comercial, donde se esconden posibles
movimientos ligados al lavado de activo, y esto en la mayoría de este tipo de
empresa que funcionan mediante el mismo sistema.
En realidad
este tipo de negocio, mayormente es utilizado como traba o cebo para el lavado
de activo y además, los cobros en dólares fortalecen esa presunción al cultivo
de especulación. Es decir: los negocios de servicios manejan cifras económicas
disfrazadas en base en la oferta y la demanda, sin que nadie observe bien con
una lupa detrás del cristal, porque de hecho ellos cobran en dólares o en su
equivalencia.
Denuncias hubo:
Son muchas las denuncias sobre casos sospechosos
acontecidos mediante los alquileres vehiculares, donde se han producido robos
de vehículos en alquiler, aún poseyendo sistema de bloqueo anti robo.
Con esta acción se presume la existencia de estafa
escondida detrás de las Tarjetas de Créditos, ya que estos vehículos solo
podrán ser movilizados de cualquier aparcamiento mediante el uso una llave original
del propio vehículo, ya que en caso de robo la Renta-Card por cada vehículo
robado cobra una determinada suma en dólares, debitada de la tarjeta bancaria puesta
en garantía.
En la República Dominicana las empresas Renta-Card
están todas en mano de sectores poderosos, evitando a como dé lugar ser
vigiladas por los organismos competentes, porque en este país el que exhibe el
poder económico, impone las reglas.
En conclusión el Estado debe echar una miradita a estas
empresas de servicio y proteger a los consumidores, en este caso, los tomadores
en alquiler de autos a través de la Renta-Card y obligar a que se acojan a la
Ley Monetaria Dominicana o/y a nuestra constitución.
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