Opinión
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Organizando Ideas
Lic.Olga Capellán.-
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¿Cuál ha sido el interés del presidente de la JCE hacer efectivo la invalidez del documento personal que identifica a los dominicanos que no haya sido para efectuar el cobro de una alta suma de dinero para la obtención del mismo, a pesar de que este dinero no llega a las Arcas del Estado?
En los países civilizados (de la Unión Europea por ejemplo), cuando el documento equivalente a la cédula de identidad personal se encuentra caducado, el ciudadano tiene la oportunidad de identificarse con otros documentos vigentes, ya sean estos pasaportes, licencias de conducir u otros; en la República Dominicana solo te puede identificar con la cédula y hombre o mujer que carece de ella es persona “muerta”.
Si bien es cierto que muchos ciudadanos no se ocupan en gestionar en el tiempo prudente sus documentos, también es cierto que la falta de orientación y dinamismo institucional imposibilitó a la mayoría de las personas poder agenciarse del documento acreditativo, como fue en nuestro caso, cuando estando de visita en Santo Domingo en el mes de Mayo del pasado año, al apersonarnos en un centro habilitado en la Calle Santiago casi esquina Dr. Delgado a eso de las 8 de la mañana.
Allí se nos informó que dicha institución solo expendía 18 números por día y que ya estaban agotados, viéndonos en la obligación de regresar a Europa sin la obtención del documento de identidad, también hicimos los esfuerzos a través de la oficina abierta en la ciudad de Barcelona, pero por motivo burocrático hasta la fecha ha sido imposible su obtención.
Miles de personas que no han podido obtener sus cédulas han tenido que acudir a los centros habilitados hasta con un día de anticipación para integrarse a una tediosa fila y aún así han tenido que regresar a sus hogares sin haber logrado el objetivo, además de la situación planteada, estos lugares son regentados por buscones que luego venden los turnos a precios elevados, lo que dificulta mayormente el asunto.
En la Junta Central Electoral oficinas del exterior:
En el caso de las oficinas de la JCE en el exterior al pasar las elecciones presidenciales del 20 de Mayo del 2012, el presidente de dicho organismo Dr. Roberto Rosario Márquez, quiso presionar al presidente de la república Lic. Danilo Medina, con la finalidad de obtener mayor presupuesto y al no lograr sus propósitos, obstó por el cierre de todos los centros existentes, alegando falta de recursos económicos para el sostenimiento de dichas oficinas.
Sin embargo, se rumora que la mera intención del presidente de la Junta fue cerrar dichos centros para sustituir el personal existente por otro que respondiese exclusivamente a los intereses del partido de gobierno y lo logró de una manera inteligente.
Tanto así, que el constante despilfarro de los recursos asignados, desde aumento salarial de algún personal específico, hasta la adjudicación de fondos para otros capítulos sin mayorimportancia, lo cierto es que el Dr. Guido Gómez Mazara, alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) actualmente mantiene una querella contra los jueces del Tribunal Superior Electoral, por supuesto enriquecimiento de los fondo de dicho organismo.
Por último, en la Junta Central Electoral algo huele mal y no guarda relación con el saco de excrementos humanos vertido en los elevadores de la sede principal de la institución, a raíz de las pasadas elecciones presidenciales que escogió a Danilo Medina como jefe de Estado, en señal de protesta por el comportamiento de dicho organismo frente al manejo no muy claro en las pasadas contiendas electorales.
La autora es periodista
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