Por Ade Diplán
La reforma fiscal propuesta en República Dominicana representa un riesgo innecesario que
afectaría negativamente a la economía y aumentaría la carga sobre los ciudadanos más
vulnerables. Esta reforma plantea desafíos y riesgos que deben considerarse
cuidadosamente, especialmente en el contexto económico actual.
República Dominicana enfrenta una situación de incertidumbre económica debido a factores
como los efectos de la pandemia de COVID-19 y la inflación global. En este contexto,
imponer una reforma fiscal con nuevos impuestos o el aumento de los existentes podría ser
contraproducente. En lugar de fomentar la recuperación económica, esta reforma añadiría
presión sobre ciudadanos y pequeñas empresas que ya están luchando por mantenerse a
flote.
Además, implementar una reforma fiscal en tiempos de incertidumbre podría ahuyentar a
inversionistas, afectando la creación de empleos y la inversión a largo plazo en el país. Para
mantener la economía competitiva y atractiva al capital extranjero, es esencial que el
gobierno priorice la estabilidad económica antes de cualquier cambio en el sistema fiscal.
La propuesta de reforma pone una carga significativa en los sectores de ingresos medios y
bajos. En el país , gran parte de los ingresos fiscales proviene de impuestos indirectos,
como el ITBIS, que afecta desproporcionadamente a los ciudadanos de menores ingresos.
Una reforma que busque aumentar la recaudación a través de estos impuestos, o que no
considere su reducción, solo profundizaría las desigualdades.
Los impuestos al consumo, como el ITBIS, afectan a todos los ciudadanos por igual sin
considerar sus ingresos, lo cual significa que quienes tienen menos recursos terminan
pagando una proporción mayor de sus ingresos en impuestos. Este sistema no es justo y
contradice el principio de progresividad fiscal. Si se quiere hacer el sistema más justo, se
debería priorizar la lucha contra la evasión fiscal y mejorar la eficiencia de la administración
tributaria, en lugar de aumentar la carga sobre quienes ya llevan el mayor peso.
Uno de los problemas más serios en el país es la percepción de corrupción en el manejo de
los recursos públicos. Muchos sectores de la sociedad creen que los fondos recaudados a
través de impuestos no se destinan de manera eficiente a servicios públicos esenciales,
como la salud, la educación y la infraestructura. Implementar una reforma fiscal sin antes
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas sería irresponsable.
Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se utilizan sus impuestos, y debe haber
confianza en las instituciones antes de pedirles que contribuyan más. Sin un compromiso
claro de transparencia, cualquier reforma fiscal será vista como un intento de recaudar
fondos sin un beneficio tangible para la población.
En resumen, la reforma fiscal en República Dominicana, tal como está planteada,
representa un riesgo innecesario para la economía y los ciudadanos más vulnerables. Antes
de implementar cambios impositivos que aumenten la desigualdad y disuaden la inversión,
el gobierno debería centrarse en mejorar la administración tributaria y combatir la corrupción. Solo entonces, una reforma fiscal sería viable y justa