SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno demandó este viernes de la Junta Central Electoral (JCE) aplicar la Constitución y la Ley Electoral, que la facultan a disponer las medidas de lugar para que el proceso electoral discurra de manera justa y transparente.
Una comisión encabezada por Jesús Vásquez, secretario general, e integrada por Orlando Jorge Mera, José Marte Piantini y Antoliano Peralta, visitó a Roberto Rosario, presidente del tribunal, a quien entregaron una comunicación solicitándole “detener los excesos de gasto propagandístico en que está incurriendo el candidato Danilo Medina, valiéndose de su condición de Presidente de la República”.
Este es el documento del PRM:
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene a bien manifestarles su preocupación por el gasto excesivo y uso de los recursos del Estado en que está incurriendo en este proceso electoral uno de los dos principales partidos contendientes. Nos referimos de manera específica al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Esta preocupación encuentra justificación en dos motivos fundamentales:
1) Como es sabido, a consecuencia de la distribución de los fondos del Estado para los partidos políticos conforme establece la Ley, nuestro partido cuenta con una asignación ínfima respecto a las partidas que corresponden al PLD y sus aliados.
2) En adición a lo anterior, siendo el PLD la organización política que actualmente dirige el Gobierno Central y administra su presupuesto, este factor contribuye a incrementar en general su captación de fondos, y al uso de los recursos públicos en beneficio de la campaña que aúpa al candidato del partido oficial, que como se sabe es al mismo tiempo el Presidente de la República.
Al respecto pueden ustedes recabar informaciones en los datos que ofrece el reconocido y acreditado consultor económico y congresual José Rijo Presbot, disponibles en la prensa, quien ha revelado al país que en lo que va de ejecución presupuestaria de este año, en el capítulo correspondiente al mes de enero el Gobierno ha invertido 480 millones de pesos en publicidad, una partida ostensiblemente por encima del promedio de gastos mensual en ese renglón, lo que apunta a un exceso incuestionablemente relacionado con la campaña gubernamental en favor del presidente-candidato.
Cabe destacar también el hecho de que muchas personas y entidades que mantienen relaciones con el Estado puedan ser compelidas a hacer aportes que más que contribuciones espontáneas a la campaña se traducirían en triangulaciones de los recursos del Estado para beneficiar al partido gobernante.
Tomando en consideración que el principio de equidad debe ser un elemento indispensable en todo proceso electoral, para que el mismo sea justo, lo cual está consagrado en el artículo 211 de la Constitución de la República que textualmente dice:
Artículo 211.- Organización de las elecciones. Las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones.
Así como lo establecido en el artículo 212 en su párrafo IV de nuestra Carta Magna, el cual otorga mandato a esa Junta Central Electoral a garantizar la equidad de los procesos eleccionarios al indicar que:
Articulo IV. La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación.
Y tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley Electoral 275-97 respecto a los ingresos y gastos de los partidos políticos, que considera ilícita la intervención directa o indirecta del Estado y sus instituciones en sostenimiento o financiamiento de las compañas de los partidos políticos, mediante regalos, ayudas, exoneraciones y el uso de los recursos públicos, y además faculta a la Junta Central Electoral para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado.
Les estamos solicitando intervenir a fin de que, en aplicación de la Ley, se disponga limitar los gastos en que los partidos políticos que participan en el actual proceso puedan incurrir, así como tomar las acciones necesarias para que se haga transparente el origen de dichos fondos, y contribuir de ese modo a un mínimo de equidad, igualdad y transparencia en las elecciones venideras.
Saludos cordiales,
Lic. Andrés Bautista García Lic. Jesús Vásquez Martínez
Presidente Secretario General
Roberto Rosario
Rosario y dirigentes del PRM y FNP.
El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, prometió que ese organismo investigará la denuncia que hacen el PRM y otros partidos de oposición sobre el uso de recursos del Estado en la campaña política del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina.
Tras recibir este viernes a representantes de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) quienes presentaron sus quejas sobre la utilización del dinero y de instituciones públicas para actos proselitistas, Rosario dijo que convocará una reunión del Pleno que conocerá las demandas.
Dijo que recibió también la denuncia del presidente de Alianza País, Guillermo Moreno.
También participó en el encuentro el diputado de la FNP, Vinicio Castillo Semán, quien mostró como prueba de su acusación una supuesta captura de pantalla de una publicación en la cuenta oficial de la Presidencia de la República en la que se ve al vocero del presidente, Roberto Rodríguez Marchena, posar junto a varios periodistas.
Dicha información está encabezada por la frase: “La oposición no tiene nada que buscar en el sur”, y aseguró que “las plataformas digitales del Estado Dominicano” están sirviendo para la “politiquería de los funcionarios”.
